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La Asociación Nacional de Alumbrado Público y Ciudades Inteligentes (Anap) advirtió sobre un inminente riesgo de apagón del alumbrado público y una crisis sanitaria por la falta de recolección de basuras en los departamentos de La Guajira, Magdalena y Atlántico, tras la decisión de la empresa Air-e de no cobrar por esos servicios.
Armando Gutiérrez, director ejecutivo del gremio, expresó su preocupación por los efectos críticos de esta medida, calificándola como "arbitraria, ilegal y abiertamente inconstitucional".
El directivo indicó que "la decisión anunciada por el interventor de la empresa Air-e, el ingeniero Carlos Diago, fue tomada sin un análisis técnico o jurídico que respalde su viabilidad".
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La Anap indicó que "se vulnera la Ley 1819 de 2016, que establece que el cobro del impuesto de alumbrado público debe realizarse a través de las facturas de los servicios públicos, ya sea por parte del municipio, el distrito o la empresa comercializadora de energía".
De acuerdo con Gutiérrez, el impacto potencial de que Air-e haya decidido no cobrar por esos servicios es muy grave, ya que al no contar con dichos recursos se paralizarán proyectos de modernización del alumbrado público, como la transición de tecnologías de sodio a LED, que buscan mejorar la eficiencia energética en la región.
El directivo agregó que la falta de pagos afectará la operación y mantenimiento de los sistemas de alumbrado, incrementando el riesgo para la seguridad ciudadana y exponiendo a las entidades territoriales a posibles demandas y sanciones por incumplimientos contractuales.
"La interrupción del servicio no solo dejará a oscuras a tres departamentos, sino que podría tener implicaciones fiscales y patrimoniales para los municipios y distritos, e incluso consecuencias penales para los responsables de esta decisión", añadió Gutiérrez.
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En ese sentido, la Anap hizo un llamado a las autoridades para que reviertan la decisión y eviten una crisis mayor. El gremio le pidió al al agente interventor de Air-e que actúe conforme a la ley y que considere el impacto negativo que esta medida tendrá sobre las comunidades de La Guajira, Magdalena y Atlántico.
"La continuidad de estos servicios, es fundamental para garantizar la seguridad, la salud y el bienestar de los habitantes de la región", expresó Gutiérrez.
El directivo concluyó que "ante la gravedad del escenario, la falta de una pronta intervención por parte del Gobierno podría agravar aún más la situación, generando un panorama de inseguridad y desabastecimiento en estos territorios".
