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Estas personas eran requeridas por la justicia para que cumplieran con la medida de aseguramiento intramural luego que se imputaran los delitos de peculado por apropiación, concierto para delinquir y falsedad en documento público.
Los familiares del cabildante son señaladas por la Fiscalía de haber conformado la Fundación Prociencia, que contrató con el ICBF para suministrar alimentos a niños de escasos recursos y presentaron facturas con sobrecostos para que el Estado les pagara más de lo que correspondía.
A los procesados se les habían imputados estos 3 delitos durante el mes de diciembre del 2016. Sin embargo, en ese momento la juez no les dictó medida de aseguramiento intramural por considerar que no había motivos suficientes para privarlos de la libertad.
Estas personas quedaron en libertad y recientemente les fue revocada esa medida y deberán ser enviados a centros carcelarios de la ciudad.
Según el ente acusador, estas personas a través de la Fundación Prociencia, recibieron más de $7.818 millones para que se ejecutaran dentro de los programas del ICBF. Sin embargo, estos recursos habrían sido manejados de manera irregular por los familiares del concejal Américo Mendoza.
Los cobijados con la medida son: Olga Lucía Pérez Gutiérrez, Flor Elena Pérez Gutiérrez, Iván Camilo Mendoza Pérez y María Camila Mendoza Pérez.
De acuerdo con la Fiscalía, los delitos cometidos por estas personas afectaron a más de 3.744 mujeres lactantes y niños menores de cinco años en 10 municipios de Bolívar.
Es de anotar que el concejal Américo Mendoza, se encuentra investigado por cohecho y prevaricato dentro del proceso que se adelanta por la elección irregular de la contralora distrital.
Al respecto, el ente acusador ha expresado que el cabildante recibió dinero y contratos del Distrito para elegir a la entonces candidata Nubia Fontalvo.
