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En la lucha contra la minería ilegal, la tecnología se implementa como aliada indispensable a través de Sistemas de Información Geográfica (SIG) como herramienta clave, utilizando mapas geoespaciales para ubicar yacimientos, evaluar coberturas vegetales y cuantificar actividades de compensación.
Los SIG no solo recopilan datos de satélite de alta resolución para identificar minería ilegal, sino que también crean modelos tridimensionales precisos del terreno.
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“Además de las imágenes, los sensores terrestres pueden recopilar datos ambientales como la calidad del agua, la calidad del aire y la concentración de productos químicos en el suelo. Estos datos ayudan a evaluar el impacto ambiental de la minería ilegal”, expresó Katherine Vargas, Gerente de Recursos Naturales de Esri Colombia.
En 2022, la minería en Colombia alcanzó el 80% de la economía en municipios mineros, generando exportaciones por más de USD 20 millones. Sin embargo, el impacto ambiental del ejercicio ilegal ha sido alarmante, con la deforestación de 58,200 árboles y la intervención en 163 unidades mineras afectando casi 100 hectáreas.
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“Algunos sensores aéreos también pueden medir la temperatura superficial para identificar áreas donde la actividad minera genera calor, operación de maquinaria pesada o la quema de vegetación”, añadió Vargas.
Los SIG también incorporan sensores en movimiento para detectar actividad humana en áreas restringidas, alertando sobre la presencia no autorizada de personas o vehículos.
Procesan imágenes mediante algoritmos de detección de cambios, identificando áreas de excavación, caminos ilegales y campamentos mineros.
La tecnología geoespacial no solo permite el procesamiento de imágenes, sino que facilita análisis espaciales para identificar patrones y tendencias en la minería ilegal. La información recopilada se comparte con el público a través de plataformas en línea y aplicaciones móviles, fomentando la denuncia ciudadana y la transparencia.
La colaboración interinstitucional es esencial, uniendo fuerzas entre instituciones gubernamentales, ONG y empresas privadas que utilizan SIG para esfuerzos de control y vigilancia de la minería ilegal, especialmente con entidades de defensa pública como la policía o las fuerzas armadas.
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