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El gobierno español anunció este viernes que presentará un proyecto de ley para regular las recompensas aleatorias pagas de los videojuegos, que compara con juegos de azar, alegando riesgos de adicción, sobre todo entre jóvenes.
Conocidos como "loot boxes" (cajas botín o cajas de recompensas), se trata de contenidos aleatorios que se pueden adquirir mediante pago yque sirven para obtener mejoras en el juego, lo que anima a los jugadores a adquirirlos.
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"Hemos hecho una ley muy específica que presentaremos en unos días" para regular estos contenidos, señaló el viernes el ministro de Consumo, Alberto Garzón, en la radio Radiocable, sin entrar en los detalles del proyecto.
"Se parece a un juego de azar, porque también tiene las consecuencias negativas que puede tener (...), por ejemplo, la propia tragaperras (máquina de juegos de azar), porque eso implica conductas de consumo compulsivo" que pueden llevar en última instancia a la bancarrota, dijo Garzón, del ala de izquierda radical del gobierno de coalición del socialista Pedro Sánchez.
Estos contenidos se ofrecen sobre todo a "menores de 18 años", un grupo que hasta en un "30% reconoce en el año 2021 que ha pagado cantidades importantes de dinero por obtener una mejora de estas características", dijo el ministro, citando cifras del ministerio de Sanidad.
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Los padres "pueden comprar un videojuego (...) sin ser conscientes de que dentro hay un mecanismo" que en otras circunstancias no podría ser adquirido por un menor de edad, abundó.
El organismo europeo PEGI, que establece la edad mínima y los riesgos de los videojuegos, anunció a mediados de mayo la introducción de una mención para informar de la presencia de contenidos aleatorios pagos en los juegos.
El asunto de las cajas de recompensas genera controversia en mundos países.
En Europa, solo Bélgica y Holanda prohibieron los "loot boxes", al compararlos con juegos de azar.
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La asociación española de videojuegos, AEVI, defendió en un comunicado "la clara diferenciación entre los videojuegos y los juegos de azar" y abogó por "una autorregulación del sector".
