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En los últimos días ha aumentado la tensión en la Universidad del Tolima, debido a la asamblea permanente en la que se encuentran, desde hace varias semanas, los estudiantes de los programas presenciales de la Institución.
La población estudiantil determinó cesar las actividades académicas, mientras se cumplen sus requerimientos relacionados con la construcción y consolidación del Consejo Estudiantil Superior; el congelamiento del proceso de la reforma académico administrativa y estatutaria hasta que esta población cuente con una participación en la elaboración de propuestas; además de la realización de un diagnóstico sobre la situación real de la universidad.
Inicialmente se planteó que la asamblea permanente se extendería hasta el 21 de noviembre, sin embargo, la reanudación de las clases dependería del cumplimiento de los puntos que se exigen.
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En el desarrollo de la protesta, el movimiento estudiantil declaró personas no gratas a cinco trabajadores de la institución de educación superior.
Los funcionarios mencionados son: Nidia Yurany Prieto, secretaria General de la Universidad del Tolima; Walter Vallejo, vicerrector Administrativo; Andrés Tafur, director del Observatorio de Paz, además de Sebastián Gutiérrez y Diana Moreno, adscritos a la Vicerrectoría de Desarrollo Humano.
“Por ejemplo, Nidia Yurany Prieto, se compromete y se compromete con los estudiantes en ciertas cosas que nosotros exigimos pero no lo hace. A ella no le cabe la universidad pública en la cabeza (…) Walter Vallejo no es una persona grata porque él y toda la dirección, utiliza los dineros a sus intereses y no son vinculantes con estudiantes y profesores”, expresó María José Murillo, vocera estudiantil.
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Ómar Mejía Patiño, rector de la Institución, calificó la situación como preocupante y rechazó las acciones que atentan contra la integridad de quienes conforman la comunidad universitaria.
“No puede ser posible que entre las personas que integramos la universidad pública del departamento, haya lugar para declaraciones de censura, como las ocurridas recientemente contra cinco miembros del plantel, quienes fueron catalogadas como no gratas. Mucho menos pueden ser posibles las amenazas, como las que recibieron dos catedráticos el pasado viernes”, dijo Mejía Patiño.
De no cumplirse con los requerimientos de la asamblea antes del 21 de noviembre, continuará la suspensión de las clases, lo que pone en riesgo la culminación del semestre B 2019.
