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La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas hizo un llamado a desarrollar un debate público basado en evidencia científica, criterios técnicos y principios éticos frente a la atención en salud de niñas, niños y adolescentes que exploran o expresan una identidad de género.
El pronunciamiento surge en medio de la controversia generada por el documental “Colombia: fábrica de niños trans” y de las actuaciones judiciales relacionadas con este contenido. Las organizaciones señalaron que el debate ha estado acompañado de información que consideran inexacta y de señalamientos contra profesionales de la salud.
Las sociedades manifestaron que este tipo de afirmaciones pueden generar incertidumbre entre las familias y afectar la confianza en los servicios de salud, por lo que insistieron en la necesidad de diferenciar entre evidencia científica, hipótesis, opiniones y afirmaciones que no hayan sido verificadas.
Sociedades científicas niegan que se realicen estas cirugías a menores
Uno de los principales puntos del pronunciamiento está relacionado con las afirmaciones sobre procedimientos quirúrgicos de reafirmación de género en menores de edad.
Las organizaciones sostuvieron que, de acuerdo con la práctica asistencial que reconocen y con la evidencia clínica disponible, en Colombia no se realizan cirugías de reafirmación de género a personas menores de edad.
Las sociedades consideraron que presentar este tipo de procedimientos como una práctica comprobada en menores distorsiona, según su posición, la realidad clínica del país y puede aumentar la preocupación de las familias.
El pronunciamiento también advierte que la atención de niñas, niños y adolescentes debe partir de una valoración individual y gradual, con participación de diferentes disciplinas y teniendo en cuenta tanto las necesidades de salud como el entorno familiar.
Piden atención basada en criterios médicos y éticos
Las sociedades científicas señalaron que cualquier atención relacionada con identidad de género debe desarrollarse bajo principios de ética profesional y bioética, además del respeto por la dignidad humana, la autonomía progresiva, el interés superior de la niñez y la participación informada de padres, madres o cuidadores cuando corresponda.
También reconocieron que se trata de un asunto que puede generar posiciones diferentes dentro de la sociedad. Sin embargo, plantearon que las discrepancias deben tramitarse mediante una discusión sustentada en evidencia científica y en una deliberación ética especializada.
El pronunciamiento coincide con documentos oficiales del Ministerio de Salud. La cartera cuenta con una Guía de Práctica Clínica para la atención integral en salud y afirmación de género de personas trans, desarrollada para orientar la valoración, el diagnóstico, las intervenciones clínicas y el seguimiento de estos pacientes.
La herramienta fue elaborada bajo una metodología basada en evidencia y busca apoyar las decisiones de los profesionales de salud en situaciones clínicas relacionadas con la afirmación de género.
Referencia a decisiones de la Corte Constitucional
Las organizaciones también señalaron que su posición tiene relación con el marco constitucional colombiano y citaron diferentes decisiones de la Corte Constitucional sobre el derecho a la salud y la identidad de género.
Entre las sentencias mencionadas están las T-421 de 2020, T-218 de 2022, T-199 de 2023 y T-436 de 2025.
En la Sentencia T-421 de 2020, la Corte Constitucional abordó el derecho de las personas transgénero a acceder de manera integral a los servicios y tecnologías en salud que requieran dentro de sus procesos de afirmación de identidad sexual y de género.
Posteriormente, la Corte ha reiterado que no existe un paquete único y estandarizado de procedimientos para todos los procesos de afirmación de género y que las decisiones deben responder a las condiciones particulares de cada persona y a la valoración de los profesionales especializados.
Solicitan una mesa técnica nacional
Ante la controversia, las sociedades científicas solicitaron a la Comisión Séptima del Congreso de la República promover e instalar una mesa técnica nacional, plural, interdisciplinaria y transparente sobre la atención en salud de niñas, niños y adolescentes en este contexto.
La propuesta contempla la participación del Gobierno Nacional, el Congreso, las sociedades científicas, expertos en bioética, salud pública, salud mental y desarrollo infantil y adolescente, representantes de pacientes y familias, academia, sociedad civil y autoridades competentes.
De acuerdo con el pronunciamiento, la mesa tendría cinco objetivos principales:
- Revisar críticamente la evidencia científica disponible y sus límites.
- Precisar las realidades clínicas y asistenciales del país.
- Examinar el marco ético, constitucional, legal y de derechos humanos aplicable.
- Formular recomendaciones técnicas y de política pública para una atención integral, segura, digna y basada en evidencia.
- Establecer criterios para una comunicación pública responsable que permita diferenciar evidencia, hipótesis, opiniones y afirmaciones no verificadas.
Las organizaciones señalaron que el propósito de este espacio no debería ser eliminar la controversia, sino generar condiciones para que las decisiones públicas sobre una materia sensible sean discutidas con información verificable y participación de diferentes sectores.
Respaldo al endocrinólogo pediátrico Mario Ángulo
En la parte final del pronunciamiento, las sociedades expresaron su respaldo al doctor Mario Ángulo, especialista en endocrinología pediátrica, quien, según señalaron, ha sido objeto de señalamientos durante los últimos días.
Las organizaciones afirmaron que las discrepancias sobre la práctica médica deben resolverse mediante discusión académica, revisión de evidencia y respeto por el debido proceso, evitando descalificaciones personales.
También defendieron la autonomía, la formación y la responsabilidad ética de los profesionales de la salud, al tiempo que reiteraron su disposición a participar en el debate público sobre este tema.
El pronunciamiento fue firmado por representantes de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC), la Asociación Colombiana de Endocrinología Pediátrica, la Sociedad Colombiana de Medicina Familiar, la Asociación Colombiana de Psiquiatría, la Sociedades Colombiana de Urología y la Sociedad Colombiana de Cirugía Pediátrica.
Claves del tema en cuatro preguntas
¿Qué solicitan las sociedades científicas frente al debate sobre la atención en salud de menores?
Las sociedades científicas pidieron que la discusión pública sobre la atención en salud de niñas, niños y adolescentes se desarrolle con base en evidencia científica, criterios técnicos, principios éticos y respeto por los derechos de la niñez. Además, solicitaron a la Comisión Séptima del Congreso promover una mesa técnica nacional, plural, interdisciplinaria y transparente para analizar el tema.
¿Qué dijeron sobre las cirugías de reafirmación de género en menores de edad?
Las organizaciones señalaron que, de acuerdo con la práctica asistencial que reconocen y con la evidencia clínica que respaldan, en Colombia no se realizan cirugías de reafirmación de género a personas menores de edad. Advirtieron que presentar este tipo de procedimientos como una práctica comprobada en menores puede generar incertidumbre en las familias y afectar su confianza en los servicios de salud.
¿Cómo debería ser la atención de niñas, niños y adolescentes que exploran o expresan una identidad de género?
Según las sociedades científicas, la atención debe ser individual, gradual e interdisciplinaria, teniendo en cuenta las necesidades de salud de cada paciente y su entorno familiar. También debe desarrollarse bajo principios de ética profesional, bioética, dignidad humana, autonomía progresiva, interés superior de la niñez y participación informada de las familias o cuidadores cuando corresponda.
¿Qué temas debería abordar la mesa técnica propuesta al Congreso?
Las sociedades plantearon que la mesa revise críticamente la evidencia disponible y sus límites, analice la realidad clínica del país y examine el marco ético, constitucional, legal y de derechos humanos. También debería formular recomendaciones para una atención integral, segura y digna, además de establecer criterios para una comunicación pública que diferencie entre evidencia, hipótesis, opiniones y afirmaciones no verificadas.
