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El secretario de Salud de Bogotá, Gerson Bermont, denunció públicamente lo que considera una serie de "intervenciones abusivas de carácter político" por parte de la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud).
La denuncia se da luego de que el organismo de control iniciara una auditoría integral sorpresa en las instalaciones de la entidad distrital.
La sorpresiva inspección se dio inmediatamente después de que la Secretaría de Salud solicitara formalmente el apoyo de la Supersalud para exigir a los interventores de las EPS intervenidas el pago de las millonarias deudas que sostienen con la red pública y privada de la ciudad.
Según las cifras reveladas por Bermont, la cartera acumulada de estas EPS con el sistema hospitalario de la capital asciende a los 417 mil millones de pesos.
"Total desconfianza en la imparcialidad"
Ante el procedimiento exprés, el jefe de la cartera de Salud de Bogotá manifestó un profundo rechazo al manejo que se le está dando a la vigilancia sectorial.
“Somos respetuosos de la ley y de la competencia de la Supersalud para vigilarnos, pero la total desconfianza en su imparcialidad nos obliga a pedir la protección preventiva de la Procuraduría General de la Nación”, sentenció de manera contundente el funcionario.
A través de un hilo detallado en sus redes sociales, el secretario expuso un histórico de roces y decisiones unilaterales que, según su criterio, evidencian una falta de garantías para el Distrito.
Entre los antecedentes, Bermont recordó que al inicio de la administración del alcalde Carlos Fernando Galán, la ciudad presentó un detallado plan de salvamento para las subredes de atención.
No obstante, la respuesta del ente regulador fue la intervención de la Subred Centro Oriente la cual, según denunció, fue devuelta posteriormente con un déficit presupuestal de 300 mil millones de pesos.
Cartas ignoradas y operativos unilaterales
El secretario Bermont también señaló que la comunicación con el Gobierno Nacional ha sido infructuosa.
Aseguró haber enviado cinco cartas a los cinco superintendentes que han pasado por la actual administración nacional, solicitando el cumplimiento de la ley para proteger la red de hospitales públicos.
Sin embargo, la respuesta del Gobierno, según Bermont, ha pasado del silencio a la fiscalización punitiva: "No solo han sido ignoradas, sino que han merecido su respectiva auditoría".
El detonante final de la desconfianza distrital incluyó un reciente episodio relacionado con la inspección a establecimientos estéticos en Bogotá.
Aunque inicialmente se habían coordinado operativos conjuntos, Bermont acusó a la Superintendencia de tomar medidas unilaterales excluyendo al Distrito y, posteriormente, responder con una nueva auditoría en su contra.
El llamado de urgencia a la Procuraduría General de la Nación busca un acompañamiento preventivo que actúe como garante frente a lo que el Distrito califica como una "constante amenaza" a los procesos administrativos y de salud en Bogotá.
Mientras se espera un pronunciamiento oficial de la Supersalud, el panorama abre un nuevo capítulo de fricción entre las políticas sanitarias del Gobierno Nacional y la autonomía de la capital.
Claves del tema, en cuatro preguntas:
¿Deudas de las EPS intervenidas provocaron la auditoría sorpresa de la Supersalud en Bogotá?
Las EPS intervenidas acumulan una deuda de 417 mil millones de pesos con la red hospitalaria de la capital, lo que llevó a la Secretaría de Salud a exigir soluciones de pago inmediatas. Como respuesta a este reclamo, la Superintendencia Nacional de Salud adelantó una inspección integral imprevista en las instalaciones del organismo distrital, desatando un fuerte choque institucional entre ambas entidades.
¿Por qué Gerson Bermont recusó la imparcialidad de la Supersalud ante la Procuraduría?
Gerson Bermont solicitó el acompañamiento preventivo de la Procuraduría General de la Nación argumentando una total desconfianza en las garantías del proceso y denunciando presuntas persecuciones políticas. El secretario de Salud de Bogotá cuestiona la neutralidad del ente de control tras haber recibido fiscalizaciones punitivas luego de enviar cinco cartas ignoradas a los superintendentes del Gobierno Nacional.
¿Qué pasó con la Subred Centro Oriente tras la intervención de la Superintendencia de Salud?
La Subred Centro Oriente fue devuelta al Distrito con un déficit fiscal de 300 mil millones de pesos, a pesar de que la administración de Carlos Fernando Galán había estructurado inicialmente un plan de salvamento para las subredes. Este antecedente financiero es uno de los principales argumentos de la alcaldía para señalar que las medidas del regulador nacional obedecen a intereses políticos.
¿Qué tensiones con establecimientos estéticos agravaron el conflicto entre el Distrito y el Gobierno?
Los establecimientos estéticos de Bogotá fueron objeto de operativos especiales coordinados entre ambas entidades; sin embargo, la Superintendencia ejecutó medidas de manera unilateral excluyendo por completo al equipo de la ciudad. Este distanciamiento operativo derivó en una nueva auditoría en contra de la Secretaría de Salud, profundizando la crisis por la autonomía sanitaria de la capital.
