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Tras la decisión de la Corte Constitucional de revocar la intervención de la Superintendencia Nacional de Salud sobre EPS Sanitas, la organización expresó su postura en un comunicado en el que dejó claro que, aunque la justicia les dio la razón, el daño ya estaba hecho.
Sanitas calificó como “arbitraria e ilegal” la intervención ordenada por el Gobierno. Aseguró que respondió a una estrategia deliberada para desmantelar el modelo de aseguramiento en salud.
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A pesar de recuperar el control de la EPS, la empresa señaló que no celebra el fallo, sino que lo recibe con dolor y preocupación ante las secuelas dejadas por más de un año de medidas que consideran injustificadas.
La compañía denuncia haber sido objeto de una serie de acciones sistemáticas que incluyeron asfixia financiera, persecución administrativa, desprestigio público e intervención operativa que, según sus voceros, destruyeron parte de su estructura, debilitaron su red de atención y afectaron directamente la calidad del servicio para millones de usuarios.
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“Nos devuelven lo que es nuestro, pero no nos devuelven intactos ni la estructura ni el alma de EPS Sanitas”, afirmó la organización que, además, aseguró que exigirá reparación integral y asumirá acciones legales contra los responsables de lo que califican como una intervención con graves consecuencias humanas y financieras.
Sanitas también reiteró que los problemas estructurales del sistema de salud siguen sin resolverse. Advirtió que la falta de financiación, la insuficiencia de la UPC y las deudas acumuladas mantienen en riesgo al sector.
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Por ello, hizo un llamado a una reconstrucción conjunta con empleados, prestadores, usuarios y autoridades, con el fin de evitar el colapso total del sistema.
La entidad concluyó señalando que su compromiso con la salud de los colombianos continúa, pero advirtió que si el Gobierno no cumple con sus obligaciones, se verán forzados a reevaluar su permanencia en el sistema.
