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La Procuraduría pidió a la Superintendencia de Salud un informe detallado sobre la situación de la Nueva EPS, al advertir fallas en manejo de recursos, tecnología y contratación. El ente de control busca establecer si se mantienen las condiciones que justifican la intervención de la entidad.
Por medio de un documento firmado por la procuradora Delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social, la Procuraduría General solicitó a la Superintendencia Nacional de Salud, le entregue un pronunciamiento detallado sobre la situación actual de la Nueva EPS y el estado de la medida de intervención forzosa administrativa que se mantiene sobre esta entidad.
El Ministerio Público pidió copia de varios documentos clave
La solicitud, enviada por la Procuraduría el 8 de abril de 2026, va con destino a la superintendente delegada para este caso, y en él se destaca que se busca conocer "si la EPS aún presenta las condiciones que justificaron su intervención, así como los avances, dificultades y soportes técnicos, financieros y administrativos que sustentan su operación".
En este requerimiento, el Ministerio Público pidió copia de varios documentos clave, entre ellos los conceptos emitidos por las áreas técnicas de la Superintendencia, los informes del comité que respaldó la prórroga de la intervención y los reportes mensuales elaborados por la contralora designada para vigilar la entidad.
La entidad no habría logrado cumplir con las órdenes impartidas
Uno de los puntos centrales del documento tiene que ver con los incumplimientos que, según la Procuraduría, aún persisten en la Nueva EPS, pese a las medidas adoptadas.
De acuerdo con el documento, en materia de reporte de información, se advierte que "la entidad no ha logrado cumplir completamente con las órdenes impartidas por el ente de control, a pesar de algunos avances en la entrega de estados financieros correspondientes a los años 2023 y 2024".
En ese mismo sentido, se conoció que para la Procuraduría "se evidencian fallas en el manejo de los recursos, especialmente en el uso de anticipos a prestadores y proveedores de servicios de salud".
Según la Procuraduría, esta práctica continúa siendo utilizada de manera recurrente, incluso en casos derivados de tutelas y desacatos, lo que refleja debilidades estructurales en la gestión y contratación de la red de servicios.
En cuanto al procesamiento de cuentas médicas, la Procuraduría señala que la EPS no ha cumplido las metas establecidas, debido a la persistencia de procesos manuales que generan ineficiencias, demoras y riesgos en la calidad de la información. Aunque se implementó un nuevo sistema desde septiembre de 2025, aún no se evidencia una transformación tecnológica integral que solucione los rezagos históricos.
Desde la infraestructura obsoleta hasta problemas en la integración de sistemas de información
El panorama tecnológico también genera preocupación. El documento advierte sobre infraestructura obsoleta, debilidades en la seguridad de la información, riesgos de ciberseguridad y dependencia de un único centro de datos, lo que compromete la operación de la entidad.
A esto y de acuerdo con el documento, se suman falencias en la actualización de notas técnicas, dificultades en los procesos de contratación, "incluyendo vínculos sin contrato formal, y la falta de estandarización y auditoría interna", lo que destaca la Procuraduría, expone a la EPS a riesgos jurídicos, operativos y reputacionales.
Además, se identifican problemas en la integración de sistemas de información, lo que limita el control sobre medicamentos y tecnologías en salud, así como en la automatización de procesos clave como el giro de recursos, que aún se maneja de forma manual.
Procuraduría espera respuesta en un plazo máximo de tres días hábiles
Frente a este panorama, la Procuraduría reiteró la importancia de que la Superintendencia ejerza de manera rigurosa sus funciones de inspección, vigilancia y control, incluso en entidades que se encuentran bajo intervención, con el fin de garantizar el derecho fundamental a la salud de los ciudadanos.
Finalmente, el organismo de control solicitó que toda la información requerida sea entregada en un plazo máximo de tres días hábiles, con el propósito de avanzar en el seguimiento a la situación de la Nueva EPS y evaluar las decisiones que se han adoptado frente a su administración.
