La FM en Google News
La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación preliminar contra servidores públicos de la Universidad del Atlántico, por la presunta falta de ejecución de una sanción disciplinaria impuesta al actual rector, Rafael Ángel Castillo Pacheco.
Sanción disciplinaria contra el rector
De acuerdo con ese organismo, la sanción que consistía en una suspensión de cuatro meses, fue impuesta mediante fallo del 21 de febrero de 2025 y registrada en el Sistema de Información y Registro de Inhabilidades el 11 de marzo del mismo año.
Sin embargo, Rafael Castillo Pacheco fue nombrado como rector de la universidad el 17 de diciembre de 2025, pese la medida.
La Procuraduría busca establecer si existió un incumplimiento de deberes por parte de funcionarios de la universidad, al presuntamente desatender la aplicación del fallo disciplinario de segunda instancia, proferido por la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento.
En el marco de esta indagación previa, el organismo ordenó la práctica de pruebas con el fin de esclarecer las circunstancias que rodearon el nombramiento del rector y determinar quiénes serían los responsables de no acatar la sanción vigente.
La actuación disciplinaria se adelanta contra servidores indeterminados y tiene como objetivo individualizar posibles responsabilidades administrativas dentro de la Universidad del Atlántico.
Práctica de pruebas y responsabilidades
Como parte del proceso, la Procuraduría ordenó la práctica de diversas pruebas documentales y administrativas, entre ellas la revisión de los actos de nombramiento, las comunicaciones internas y los procedimientos seguidos por la universidad antes de oficializar la designación.
La investigación se adelanta contra servidores indeterminados, con el objetivo de individualizar responsabilidades y determinar si se incurrió en una posible falta disciplinaria.
Este caso se suma a las controversias que rodean la gobernabilidad y la transparencia en la Universidad del Atlántico, una de las principales instituciones de educación superior pública del Caribe colombiano, y mantiene la atención de la comunidad académica, los estudiantes y la opinión pública sobre las decisiones administrativas adoptadas por sus directivas.
La Procuraduría reiteró que continuará con las actuaciones correspondientes para garantizar el respeto por las decisiones disciplinarias y el cumplimiento de la normatividad vigente en el ejercicio de la función pública.
