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La muerte de Cecilia Quintero, una mujer de la tercera edad que colapsó en un punto de dispensación de medicamentos de Cafam (operador de la Nueva EPS) en el barrio Caobos de Cúcuta, generó reacciones frente a las dificultades en el acceso a servicios de salud. Según la información conocida, Quintero sufrió un paro cardiorrespiratorio mientras exponía demoras en la entrega de insumos destinados a un familiar en condición de discapacidad.
De acuerdo con testimonios recogidos por líderes sindicales, la mujer llevaba varios meses gestionando la entrega de medicamentos y pañales. Arístides Hernández, presidente de Asintraser Salud Norte, aseguró a La FM que el fallecimiento se produjo tras un intercambio con un funcionario del punto de atención. “La respuesta fue grosera, lo que generó un fuerte impacto emocional en la señora, culminando en un paro cardiaco fulminante”, señaló.
Frente a lo ocurrido, el agente especial interventor de la Nueva EPS, Óscar Gálvez, sostuvo que el operador encargado de la dispensación en Cúcuta debía garantizar la entrega de los medicamentos. En entrevista con La FM, afirmó que la entidad ha girado entre el 80% y el 90% de los valores radicados mensualmente y manifestó que “no hay disculpa para no entregar medicamentos”.
Según lo explicado por Gálvez, la afiliada acudió al establecimiento para reclamar pañales y medicamentos. Tras conceder una entrevista a un medio local, perdió el conocimiento y, pese a recibir maniobras de primeros auxilios en el lugar, falleció.
“No entendemos por qué no están entregando los medicamentos”
Gálvez explicó que, una vez conocida la situación, “la Nueva EPS activó de manera inmediata sus protocolos internos de verificación y seguimiento” para establecer las circunstancias del hecho. Confirmó que la mujer era afiliada de la entidad y que presentaba varias patologías de base.
En relación con el operador, sostuvo: “se les ha pagado, y no entendemos por qué Cafam no está entregando los medicamentos y hay faltantes”. Aseguró que, tras una revisión correspondiente a 2024 y 2025, la EPS ha pagado entre el 80% y 90% de todo lo radicado mensualmente.
El interventor reconoció que existen deudas de años anteriores, pero precisó que “lo corriente se les ha garantizado hasta la fecha”. Explicó que los pagos corrientes corresponden a la dispensación mensual y que se han suscrito acuerdos para abonar cartera acumulada. “El dinero corriente es para que cumplan mes a mes con la dispensación de medicamentos”, señaló.
Asimismo, informó que la entidad ya inició las acciones legales que le permite la ley frente a lo que calificó como una situación reiterada con algunos operadores. “Si nosotros estamos girando un monto considerable mensual, ¿por qué hay faltantes en el país?”, cuestionó durante la entrevista.
Embargos por 2.2 billones y plan para fortalecer la EPS
Durante la conversación, Gálvez indicó que la entidad enfrenta embargos que suman alrededor de 2.2 billones de pesos, situación que, según explicó, afecta el flujo financiero. Señaló que cuatro jueces del departamento del Caquetá embargaron cuentas maestras, lo que ha generado dificultades para atender obligaciones.
El interventor manifestó que la prioridad es lograr el desembargo de esos recursos y avanzar en un proyecto ante el Ministerio de Hacienda para gestionar un giro adicional destinado al pago de pasivos. Explicó que ese proceso requiere el reconocimiento de deudas y acuerdos con acreedores.
Consultado sobre la directriz del Gobierno frente al futuro de la entidad, afirmó que la instrucción recibida es “salvar la Nueva EPS, hacer todo lo posible, hacer un plan de choque para fortalecerla”. Añadió que no se ha planteado la liquidación de la EPS.
En cuanto a la situación de los medicamentos, anunció que la entidad avanza en la estrategia de comprar directamente a los laboratorios, tanto nacionales como internacionales. Indicó que ya se han firmado cerca de 20 contratos y que también se realizan compras conjuntas con otras EPS, con el propósito de garantizar la dispensación a los afiliados.
