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Tras agotarse todas las instancias de diálogo para lograr que la Nueva EPS, Asmet Salud y Pijaos Salud cumplieran con los acuerdos de pago pactados con los hospitales de Risaralda, la red pública de salud anunció que, a partir de este viernes 16 de enero, suspenderá los servicios a cerca de 500 mil usuarios afiliados a estas entidades en el departamento.
Juan Carlos Marín, gerente del hospital Santa Mónica de Dosquebradas, explicó que la deuda total de las EPS con los hospitales de Risaralda supera los $400 mil millones, situación que obliga a tomar medidas extremas que, lamentablemente, terminan afectando a los usuarios.
Sin servicio desde el 16 de enero
“Estamos prácticamente tomando la decisión de cerrarle los servicios a la Nueva EPS, la cual se va a quedar sin red de prestación de servicios en el departamento de Risaralda a partir del 16 de enero; los hospitales del departamento, vamos a cerrarle los servicios a la Nueva EPS por incumplimiento en los pagos”, indicó el gerente.
Marín agregó que los usuarios de las EPS mencionadas solo serán atendidas en urgencias. “Qué tristeza que los usuarios de estas EPSs no van a tener dónde consultar, excepto las urgencias vitales que por norma debemos atenderlas”, indicó.
Sin atención pacientes oncológicos y con enfermedades mentales
Olga Lucía Zuluaga, directora ejecutiva de la Asociación de Instituciones de Salud (Aisalud), indicó que a esta situación se suma que actualmente ninguna IPS, pública ni privada, está prestando servicios oncológicos ni de salud mental a los afiliados de Nueva EPS y Asmet Salud.
“Los usuarios se están quedando sin red para pacientes. Por ejemplo, de oncología, no hay una sola institución, ni pública ni privada, que le esté recibiendo pacientes de oncología a la Nueva EPS y a Amed Salud”.
La funcionaria indicó que igual situación se presenta con los pacientes con enfermedades de salud mental, “esto está llevando a que tanto la red de baja complejidad esté quedando con los usuarios casi que atrapados”.
Afectación en salud de los usuarios
Está situación va a generar un impacto negativo tanto para la salud de los usuarios, como para las instituciones que pueden tener grandes demandas porque el paciente no tiene cómo resolverle sus patologías.
La falta de pago también ha generado graves dificultades con los proveedores, quienes ya no están suministrando insumos esenciales para la realización de procedimientos quirúrgicos.
