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La Fiscalía General de la Nación negó la solicitud realizada por el Gobierno Nacional de suspender las órdenes de captura contra varios exjefes paramilitares, que hoy hacen parte y lideran bandas criminales como El Clan del Golfo y los Pachencas.
En un documento de siete páginas firmada por parte de la vicefiscal general Martha Mancera al alto comisionado de Paz, Danilo Rueda, se señala que este tipo de organizaciones no cuentan con un estatus político.
“Desde el punto de vista jurídico-penal, que es el que vincula a la Fiscalía General de la Nación, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) no tienen un estatus político. La jurisprudencia ha precisado que las estructuras paramilitares carecen de un carácter político”, advierte el documento de la Fiscalía.
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Asimismo, le recordó al Gobierno Nacional que la vía que tiene para adelantar eventuales negociaciones con este tipo de grupos armados organizados es la del sometimiento a la justicia, porque esa es la regla general y el reconocimiento de estatus político es excepcional.
“La ley no habilita al Gobierno Nacional para adelantar negociaciones o diálogos para celebrar acuerdos de paz con Grupos Armados Organizados (GAO) sin carácter político ni con estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto. En otras palabras, estas organizaciones únicamente pueden someterse a la justicia”, indicó la Fiscalía.
Ese organismo también precisó en su decisión que “una interpretación diferente conllevaría a desnaturalizar la política criminal contra el crimen organizado, la diferenciación adoptada por el Legislador y por la jurisprudencia de las Altas Cortes”.
De acuerdo con la Fiscalía, no existe un marco normativo que precise los términos del sometimiento de grupos armados organizados sin carácter político, ni de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto y por ello, proferir una resolución de suspensión de orden de captura sería en desmedro de los derechos fundamentales de las víctimas.
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“El que un fiscal general de la Nación pueda suspender medidas penales tomadas por jueces de la República es una limitación a los principios de separación de poderes y autonomía judicial”, indicó la vicefiscal Mancera.
Sin embargo, la Fiscalía señaló que esta determinación no le impide al Gobierno Nacional que acuda a los jueces de la República para que se pronuncien sobre este tipo de peticiones judiciales.
Este es el documento de la Fiscalía:
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