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El cierre de esta cartera responde al vencimiento del plazo otorgado por la Corte Constitucional en su Sentencia C-161 de 2024, que declaró inexequible la ley de su creación debido a vicios de trámite y dio como límite el fin de la legislatura 2025-2026 para subsanar los vacíos.
A pesar de que el decreto presidencial ordena el traslado de funciones hacia el Ministerio del Interior y el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), el organismo de control advirtió que la transición carece de claridad y genera una profunda incertidumbre sobre la continuidad de las políticas públicas dirigidas a las poblaciones más vulnerables del país.
El riesgo del "costo cero" y la pérdida de recursos
La principal preocupación radica en que el traslado de funciones se dispuso bajo el criterio de “costo cero”. Según la Defensoría, este modelo no ofrece garantías claras sobre las capacidades técnicas, el presupuesto ni la coordinación institucional necesaria para asumir los programas vigentes.
El organismo señaló que existe un riesgo inminente de desarticulación que afectaría a mujeres, personas con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas (OSIGNH), pueblos étnicos, jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad, migrantes y comunidades campesinas.
Entre los puntos más críticos identificados se encuentran
- Violencia de género: Incertidumbre sobre qué instancia asumirá las funciones del Viceministerio de las Mujeres para prevenir, atender y sancionar las violencias basadas en género.
- Fondos en peligro: Posible afectación a recursos estratégicos como el Fondo “No es Hora de Callar”, el Fondo “Todos Somos PAZcífico” y el Fondo para la Superación de Brechas de Desigualdad.
- Frenos normativos: Riesgo en la implementación de los CONPES de equidad de género y cuidado (4080 de 2022, 4143 de 2025 y 4147 de 2025).
Llamado internacional y exigencias al Gobierno
La alerta coincide con el pronunciamiento del Comité de Expertas del Mecanismo de la OEA (MESECVI), que recordó al Estado colombiano que el principio de "no regresividad" prohíbe retroceder en los avances logrados en materia de derechos humanos y protección a la mujer.
Ante este panorama, la Defensoría solicitó con urgencia al Ejecutivo la publicación de una ruta integral de transición que detalle detalladamente el presupuesto asignado a cada entidad receptora.
Asimismo, exigió asegurar que el Ministerio de Hacienda y las carteras involucradas eviten la pérdida de prioridad política y técnica, preservando los equipos especializados que ya venían enfrentando las desigualdades estructurales del país.
Finalmente, el ente de control enfatizó que un empalme organizado no solo protege los derechos actuales, sino que es indispensable para garantizar la estabilidad institucional del próximo Gobierno en materia de igualdad material.
