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El Ministerio de Educación abrió dos nuevas investigaciones administrativas preliminares contra la Fundación de Educación Superior San José (FESSANJOSÉ), luego de detectar posibles irregularidades relacionadas con procesos académicos, condiciones laborales y el funcionamiento de los órganos encargados de dirigir y vigilar la institución.
Entre los antecedentes más sonados está el caso de Juliana Guerrero, que presentó títulos de FESSANJOSÉ para acreditar su formación académica cuando fue postulada como viceministra de Juventudes en 2025. Tras una revisión, la institución anuló los títulos al detectar que no existían registros de actividad académica, clases ni evaluaciones.
Las nuevas investigaciones de Ministerio de Educación
Ahora la decisión de Min Educación fue adoptada en el marco de las labores de inspección y vigilancia que adelanta la cartera sobre las instituciones de educación superior del país.
Entre los hallazgos reportados por la Inspectora 'In Situ' aparecen posibles inconsistencias en el proceso de entrega de títulos y en el reporte de información al Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES). También se investiga si algunos programas académicos habrían sido ofrecidos o desarrollados bajo condiciones diferentes a las autorizadas en sus respectivos registros calificados.
A esto se suma la presunta promoción de programas cuyos registros calificados ya habrían vencido. El Ministerio también encontró posibles irregularidades relacionadas con el pago de docentes contratados bajo la modalidad de hora cátedra, que en algunos casos podría estar por debajo del mínimo establecido por la Ley 30 de 1992.
Irregularidades relacionadas con el pago de docentes
También pusieron la lupa sobre la manera en que están conformados y operan los órganos de gobierno, dirección, administración y control de FESSANJOSÉ.
Las investigaciones cobijan a la institución y a diferentes personas que han tenido responsabilidades dentro de ella, entre ellas representantes legales, rectores y exrectores, directivos, consejeros, administradores y revisores fiscales. Según el ministerio, estas nuevas actuaciones tienen un alcance mayor al de procesos anteriores relacionados con tres casos específicos de posibles títulos otorgados sin cumplir todos los requisitos.
Pudieran responder a una práctica recurrente
Los nuevos indicios apuntarían a la posibilidad de que este tipo de situaciones no fueran hechos aislados, sino que pudieran responder a una práctica recurrente dentro de la institución. Sin embargo, será durante el desarrollo de las investigaciones cuando se determine si existió dicha conducta y cuál fue su alcance.
El proceso permitirá establecer los hechos, determinar eventuales responsabilidades y definir si corresponde aplicar alguna de las sanciones contempladas en la Ley 1740 de 2014.
El Ministerio recordó que las instituciones de educación superior deben garantizar el cumplimiento de las normas y de las condiciones de calidad exigidas para prestar el servicio educativo. Las actuaciones contra FESSANJOSÉ hacen parte de las medidas de vigilancia destinadas a verificar que esas obligaciones se cumplan.
Clave del tema en cuatro preguntas
1. ¿Por qué el Ministerio de Educación abrió investigaciones contra FESSANJOSÉ?
Por posibles irregularidades relacionadas con procesos académicos, laborales y con la conformación y funcionamiento de los órganos de dirección y control de la institución.
2. ¿Qué posibles irregularidades fueron identificadas?
Los hallazgos incluyen posibles fallas en el otorgamiento de títulos, omisiones en reportes al SNIES, programas desarrollados bajo condiciones no autorizadas, publicidad de programas con registros vencidos y presuntos pagos inferiores a docentes por hora cátedra.
3. ¿A quiénes involucran las investigaciones?
Además de FESSANJOSÉ, las actuaciones cobijan a representantes legales, rectores y exrectores, directivos, consejeros, administradores y revisores fiscales que hayan tenido responsabilidades en la institución.
4. ¿Qué busca determinar el Ministerio con estas investigaciones?
Las autoridades pretenden establecer si las irregularidades ocurrieron, determinar posibles responsables y definir si corresponde aplicar las sanciones contempladas en la Ley 1740 de 2014.
