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La Contraloría General de la República entregó a la Corte Constitucional un informe técnico sobre la emergencia económica, social y ecológica declarada en febrero de 2026, en el que identifica inconsistencias en las cifras, debilidades metodológicas y limitaciones en la información utilizada para estimar los costos de atención, calculados en varios billones de pesos.
El análisis se realiza en el marco de la revisión del decreto que declaró la emergencia en departamentos como Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó, tras las afectaciones generadas por intensas lluvias y un frente frío que impactó viviendas, vías, sistemas de agua y sectores productivos.
Diferencias en la medición del impacto y costos globales
Uno de los principales hallazgos del informe es la falta de uniformidad en las cifras globales. Mientras el Gobierno proyecta necesidades por 8,68 billones de pesos, la UNGRD estima 8,26 billones, sin que exista una metodología consolidada que permita explicar de forma clara la diferencia entre ambos cálculos.
La Contraloría advierte que estas cifras corresponden a una agregación de necesidades sectoriales elaboradas de manera independiente, sin una estructuración financiera integral que articule supuestos, metodologías y criterios homogéneos.
En cuanto al impacto físico, el documento resalta diferencias importantes en la medición de áreas afectadas. Para el departamento de Córdoba, la UNGRD reporta 113.641 hectáreas inundadas, mientras que la Contraloría estima 66.276 hectáreas, lo que representa una diferencia cercana a 47.365 hectáreas.
Según el análisis técnico, esta brecha se explica por inconsistencias en la metodología utilizada. Se identificaron errores como la inclusión de zonas montañosas no susceptibles de inundación, la clasificación de sombras como cuerpos de agua y la no exclusión de fuentes hídricas permanentes, lo que habría inflado la estimación de áreas afectadas.
El informe señala que estas diferencias inciden directamente en la cuantificación de daños y en la estimación de los recursos requeridos para atender la emergencia.
Observaciones en sectores clave
El documento presenta un análisis detallado por sectores, en el que se evidencian debilidades en la formulación de proyectos y en la estimación de costos.
En el sector agropecuario, con una asignación estimada de 0,49 billones de pesos, se identificaron inconsistencias aritméticas, duplicidades y errores metodológicos en los cálculos, especialmente en proyectos de recuperación pecuaria, acuícola y pesquera.
Además, no existe una adecuada articulación entre diagnósticos, actividades y costos, ni suficiente soporte técnico para validar las cifras presentadas. El informe también advierte que algunas entidades del sector cuentan con recursos ordinarios disponibles que no fueron plenamente considerados al momento de solicitar recursos adicionales.
En el sector transporte, con una estimación de 0,45 billones de pesos, los cálculos de inversión en vías y puentes carecen de estudios y diseños detallados, lo que impide determinar con precisión las obras requeridas.
Según el documento, el Instituto Nacional de Vías (INVIAS) proyecta intervenir 300 kilómetros de carreteras por un valor cercano a 360.971 millones de pesos, además de 86.720 millones para puentes, pero no se encontró el detalle del cálculo por departamento ni la desagregación de las intervenciones.
En vivienda, el sector con mayor asignación estimada (4,45 billones de pesos), se identificaron diferencias en los cálculos superiores a 23.555 millones de pesos entre las cifras reportadas por el Ministerio y las verificadas por la Contraloría.
El informe también señala la ausencia de criterios claros de priorización territorial y posibles inconsistencias en la identificación de la población beneficiaria, lo que podría afectar la asignación eficiente de los recursos y generar riesgos de exclusión o inclusión indebida.
En educación, con una estimación cercana a 0,89 billones de pesos, no se cuenta con diagnósticos técnicos en territorio que permitan establecer con precisión el número de sedes afectadas ni la magnitud de los daños.
Además, no existe claridad sobre la metodología utilizada para calcular los costos ni sobre variables como el área por aula, lo que limita la trazabilidad de las cifras. El informe también advierte que algunas intervenciones planteadas tienen plazos de ejecución de hasta dos años, lo que no corresponde a medidas de atención inmediata en el contexto de una emergencia.
Otros sectores presentan limitaciones similares. En minas y energía, no hay información suficiente para evaluar los costos o la viabilidad de los proyectos, mientras que en ambiente las estimaciones se encuentran en estado preliminar y sujetas a ajustes.
En defensa e interior, los soportes entregados no permiten justificar la insuficiencia de mecanismos ordinarios ni validar las cifras presentadas, lo que impide emitir un concepto técnico.
Incertidumbre en las estimaciones y falta de planificación integral
El informe también analiza la estimación de la UNGRD, que proyecta cerca de 0,99 billones de pesos para atención inmediata. La Contraloría advierte que estos cálculos no se basan en mediciones reales en campo, sino en proyecciones y referencias históricas, a las que se les adicionó un 15% para cubrir incertidumbre.
Asimismo, se indica que al 6 de febrero de 2026 se reportaban 69.235 familias damnificadas, con afectaciones en vivienda, pérdida de bienes, interrupción de actividades productivas y deterioro de condiciones sanitarias.
Sin embargo, la Contraloría señala que la información disponible no permite validar plenamente la magnitud de estas afectaciones ni la correspondencia con los recursos solicitados.
En sus conclusiones, el organismo de control afirma que no existe un plan nacional integral, articulado y detallado para la atención de la emergencia, sino una suma de respuestas sectoriales basadas en estimaciones generales.
También advierte que no se evidencian con claridad las razones por las cuales no se utilizaron de manera suficiente los mecanismos ordinarios de financiación previstos en la legislación vigente, lo que genera cuestionamientos sobre la necesidad de recurrir a medidas excepcionales.
La Contraloría concluye que las cifras presentadas corresponden a estimaciones preliminares con altos niveles de incertidumbre, sin suficiente soporte técnico ni trazabilidad, lo que impide emitir un pronunciamiento definitivo sobre la validez de los costos proyectados.
El informe señala que las estimaciones deberán ajustarse a medida que se realicen evaluaciones detalladas en terreno, mientras continúa el análisis de la Corte Constitucional sobre la legalidad de la declaratoria de emergencia.
