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La Confederación Nacional de Bomberos de Colombia informó sobre las conclusiones de la Junta Nacional de Bomberos, en la que se discutió la asignación de $30.800 millones destinados por el Gobierno Nacional para atender la emergencia invernal en ocho departamentos con calamidad pública. Durante la sesión, se abordaron diferencias frente a la forma en que se planteó la utilización de estos recursos.
La Confederación señaló que no hubo oposición a la asignación de los recursos ni a su destinación para atender la emergencia, y reiteró su respaldo a la inclusión del servicio bomberil dentro de la declaratoria de emergencia.
Sin embargo, explicó que surgieron desacuerdos frente a la propuesta presentada por la Dirección Nacional de Bomberos y el Ministerio del Interior, lo que derivó en una decisión mayoritaria basada en criterios técnicos, legales y operativos.
Cuestionamientos sobre el uso de los recursos
Uno de los principales puntos expuestos fue el destino de los recursos asignados bajo la figura de urgencia manifiesta. Se indicó que estos dineros deben emplearse exclusivamente en la atención y recuperación de las zonas afectadas por la temporada invernal, conforme a lo establecido en la Ley 80 de 1993.
En ese sentido, la Confederación advirtió que se identificó la intención de invertir parte de estos recursos en la compra de equipos que no tendrían relación directa con la emergencia, como equipos forestales, herramientas especializadas HAZMAT y elementos para el manejo de materiales peligrosos. Según la entidad, estos no corresponden a las prioridades inmediatas derivadas de la situación invernal.
Durante la Junta también se expusieron observaciones relacionadas con la estructuración de la propuesta. Se evidenció falta de planificación, estudios técnicos y una adecuada estructuración de la inversión planteada, lo que, según la Confederación, afecta la pertinencia de las decisiones adoptadas.
Adicionalmente, señalan que el comité técnico encargado no cuenta con la participación de varios actores clave del sector bomberil, entre ellos la propia Confederación, delegados nacionales, bomberos oficiales y aeronáuticos, lo que limita la representatividad en la toma de decisiones.
Otro de los aspectos destacados fue la relación con los territorios. La Confederación indicó que no se realizó una consulta efectiva con los cuerpos de bomberos de las zonas afectadas, pese a que estos tienen conocimiento directo de las necesidades locales. También se indicó que varios comandantes desconocían tanto la asignación de recursos como las decisiones sobre su uso.
Diferencias en cifras y omisión de insumos técnicos
En cuanto a la identificación de las zonas afectadas, se reportó una discrepancia en el número de municipios impactados por la emergencia, ya que mientras la Junta Nacional reconoció 61 municipios, la Confederación identificó 92, lo que representa una diferencia de 31 territorios no contemplados.
Asimismo, informan que un informe técnico previamente entregado por la Confederación, con diagnósticos detallados por departamento y municipio, no fue tenido en cuenta ni socializado durante la sesión, lo que fue señalado como una omisión relevante dentro del proceso.
La Confederación Nacional de Bomberos de Colombia, a través de su presidente, el capitán Harold Humberto Alzate Tejada, indicó que “la posición mayoritaria adoptada en la Junta estuvo respaldada por distintos sectores del gremio bomberil, con excepción de una postura aislada”. También reiteró su intención de continuar trabajando de manera articulada con las entidades del Estado, en el marco de la atención de la emergencia.
