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El proyecto de ley anticapuchas, que superó su primer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, busca establecer penas de prisión para quienes oculten su identidad durante manifestaciones y aprovechen esa condición para cometer actos vandálicos o delitos.
Su autor, el representante a la Cámara por el Huila, Julio César Triana, explicó en entrevista con el Noticiero de La FM que la iniciativa contempla penas superiores a los 54 meses de cárcel y pretende facilitar la judicialización de quienes afecten bienes públicos y privados durante las protestas.
Durante la entrevista, el congresista aclaró que la propuesta no busca prohibir el uso de capuchas, máscaras o pasamontañas en las manifestaciones pacíficas. Según explicó, el proyecto establece tres condiciones que deben cumplirse para configurar el delito: ocultar la identidad, hacerlo en medio de una protesta y cometer un acto vandálico o criminal.
Triana respondió a los cuestionamientos sobre el alcance de la iniciativa y las posibles consecuencias para quienes participan en movilizaciones sin involucrarse en hechos violentos. También se refirió a las dificultades que, según indicó, existen actualmente para sancionar a quienes destruyen establecimientos comerciales, sistemas de transporte o instalaciones públicas.
¿Qué conductas busca sancionar la ley anticapuchas?
El representante explicó que el proyecto pretende crear un nuevo tipo penal para quienes oculten su identidad con el propósito de cometer delitos durante una manifestación. Entre las conductas mencionadas durante la entrevista están incendiar sistemas de transporte público, destruir CAI, afectar hospitales, atacar propiedades privadas y agredir a funcionarios dentro de las universidades.
Triana cuestionó las interpretaciones que presentan la iniciativa como una medida contra el derecho a la protesta. En ese sentido, recordó que el artículo 37 de la Constitución Política reconoce este derecho y aseguró que el proyecto no pretende limitarlo.
"Esta norma en nada ataca la protesta en Colombia", afirmó el congresista al explicar el objetivo de la propuesta.
El representante también precisó que cubrirse el rostro no constituye por sí solo un delito. De acuerdo con su explicación, cualquier ciudadano puede participar en una manifestación con capucha, máscara o pasamontañas, siempre que lo haga de manera pacífica.
"Este tipo penal no prohíbe la utilización de la capucha o el ocultamiento para manifestarse pacíficamente", señaló.
La iniciativa, por tanto, establece que deben concurrir los tres elementos mencionados para que exista responsabilidad penal. La utilización de estos elementos para ocultar la identidad debe estar relacionada con la comisión de una conducta vandálica o criminal.
¿Por qué buscan que estos delitos no sean excarcelables?
Uno de los argumentos de Triana para impulsar el proyecto está relacionado con el tratamiento judicial de los daños ocasionados durante las manifestaciones. El representante explicó que, en la actualidad, algunos de estos hechos terminan procesados como daño en bien ajeno, un delito querellable que, según indicó, permite que los responsables recuperen la libertad.
"Eso es lo novedoso de esta norma, que ese comportamiento que usted acaba de describir ya no va a ser excarcelable", sostuvo durante la conversación.
El congresista señaló que, cuando una persona sufre daños en su establecimiento comercial o propiedad, debe presentar la denuncia, aportar las pruebas e impulsar el procedimiento. A su juicio, este mecanismo dificulta que las víctimas obtengan una respuesta judicial frente a los hechos.
Con el nuevo tipo penal, la Fiscalía asumiría directamente la investigación, sin que el afectado tenga que impulsar el proceso mediante una querella. Además, la pena superior a los 54 meses permitiría que la conducta no sea excarcelable, según explicó el autor de la iniciativa.
Durante la entrevista, los periodistas también preguntaron cómo podrían actuar las autoridades para detener a quienes cometen actos vandálicos sin afectar a los manifestantes pacíficos.
Triana respondió que la Policía ya realiza capturas en flagrancia y que el proyecto busca establecer consecuencias penales para quienes sean sorprendidos cometiendo estos delitos. La intención, explicó, consiste en que las detenciones tengan un procedimiento judicial diferente al que actualmente reciben algunas conductas sobre daños a bienes.
¿Qué cambios podría tener el proyecto antes de convertirse en ley?
Durante la conversación también intervino el abogado Francisco Barbosa, quien planteó algunas recomendaciones para fortalecer el articulado antes de que avance en el Congreso y llegue a una eventual revisión de la Corte Constitucional.
Barbosa consideró que la expresión "acto vandálico" puede generar interpretaciones diferentes durante la aplicación de la norma. Por esa razón, propuso identificar las conductas mediante los delitos que ya aparecen establecidos en el Código Penal.
El abogado también señaló que debe demostrarse que la persona ocultó deliberadamente su identidad para cometer el delito. En su concepto, cubrirse el rostro no debería representar por sí solo una conducta penal ni convertirse automáticamente en un agravante.
Como tercer punto, recomendó revisar la legislación de otros países, particularmente las disposiciones italianas relacionadas con la violencia durante manifestaciones y el ocultamiento de la identidad.
Frente a estas observaciones, Triana manifestó que el proyecto contempla un ejercicio de derecho comparado y mencionó las experiencias de Francia, Canadá e Italia. También reconoció que la iniciativa puede recibir modificaciones durante los siguientes debates.
Otro asunto surgió a partir de una pregunta del abogado Alejandro Portilla, quien consultó si la Policía podría retirar la capucha a una persona capturada en flagrancia durante actos vandálicos para identificarla.
"Claro que sí. Ese es un elemento que estamos apoyando, que lo vamos a llevar a segundo debate", respondió Triana.
El congresista agregó que las definiciones incluidas en el artículo segundo podrían incorporar algunas de las recomendaciones recibidas durante la discusión.
Sobre el respaldo político, aseguró que la iniciativa consiguió votos de integrantes de los partidos Liberal, Conservador, La U, Centro Democrático y Cambio Radical, además de sectores independientes. Su expectativa es conseguir las mayorías necesarias en la plenaria de la Cámara para continuar el trámite legislativo.
El representante reiteró que el proyecto todavía está en construcción y que espera convertirlo en una herramienta para sancionar a quienes utilizan las protestas para cometer delitos, sin impedir las manifestaciones pacíficas.
¿Cuántos años de cárcel contempla el proyecto de ley anticapuchas?
La iniciativa contempla penas superiores a 54 meses de prisión para quienes oculten su identidad durante una manifestación y cometan actos vandálicos o criminales. La utilización de capuchas o máscaras, por sí sola, no configura el delito.
¿Usar capucha durante una protesta será ilegal en Colombia?
No. Según explicó Julio César Triana, los ciudadanos podrán cubrirse el rostro durante manifestaciones pacíficas. El proyecto exige que también exista la comisión de un acto vandálico o criminal para configurar la conducta penal.
¿En qué etapa se encuentra el proyecto de ley anticapuchas?
La iniciativa superó su primer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. Ahora deberá continuar su trámite legislativo, con la discusión en los debates restantes antes de convertirse en ley.
*Este contenido fue escrito y producido por una inteligencia artificial bajo supervisión y curaduría de un periodista de La FM
