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La Superintendencia Nacional de Salud, Ulahí Beltrán López, afirmó que cada día de este año 2022, cerca de 3.500 ciudadanos en toda Colombia han utilizado los diferentes canales de la Superintendencia Nacional de Salud para quejarse contra las EPS.
La entidad reveló que las mayores quejas de los colombianos en el sistema de salud han estado enfocadas por la no les entrega de medicamentos, las barreras en las autorizaciones de un procedimiento, teniendo en cuenta que a esto se les suma las negaciones que han tenido para los tratamientos.
“Los ciudadanos se cansan de la excusa de que “no hay agenda disponible” cuando solicitan una cita con el médico general o con algún especialista, el estado de insatisfacción de los usuarios viene imparable desde hace varios años, pero entre enero y octubre de este 2022 ya se rebasó la cifra del millón de quejas -1.043.026-, lo que significa un aumento de 26% frente al mismo periodo del año anterior”, afirmó.
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Dijo que hay 220.000 súplicas de atención nuevas, porque cada hora 145 usuarios ponen una queja formal contra el sistema de salud.
“La situación es aún más grave si se tiene en cuenta que la tercera parte de todas las quejas son clasificadas como ‘riesgo de vida’, pues se evidencia que el paciente requiere una atención urgente y la intervención inmediata de la Supersalud, en máximo 48 horas, debido a su delicado estado de salud”, sostuvo.
Según el reporte de la Superintendencia Nacional de Salud, en el top de los motivos que generan la mayor cantidad de quejas de los colombianos están: la demora en la asignación de citas de consulta médica especializada, los retrasos en la entrega de medicamentos, la tardanza en la prestación de servicios de imagenología y la inoportunidad en la programación de cirugías.
“Haber superado la barrera del millón de quejas y súplicas en estos 10 meses del año es una muestra de los altos niveles de desprotección, por parte de las entidades administradoras de recursos o EPS; y también es la confirmación de que estar afiliado a una EPS no es sinónimo de estar protegido o asegurado”, añadió.
Los diez territorios donde se observa la mayor crisis por la cantidad de problemáticas son: Bogotá (22% de las quejas), Antioquia (16%), Valle (14%), Santander (5.3%), así como Bolívar, Atlántico, Guaviare, Vaupés, Risaralda, Vichada y Chocó.
“Al más del millón de quejas se suman indicadores como el aumento en la mortalidad materna y perinatal o de la desnutrición aguda infantil durante los últimos dos años y medio, lo que ha hecho que la entidad llame la atención de las administradoras de planes de beneficios frente a la caracterización de los afiliados y a la gestión de riesgo que deben realizar sobre las poblaciones vulnerables”, destacó.
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El análisis del ente de control señala que entre las principales causas de la disparada de reclamaciones del último año y sobre las que se urge a las EPS para corregir con urgencia están: la insuficiencia en la red de servicios, el incumplimiento en los indicadores de gestión de riesgo, la alta desatención en la prevención del riesgo.
“Necesitamos un fuerte timonazo de manera urgente porque las necesidades de salud requieren inmediatez en atención y en soluciones. Estas administradoras que intermedian los recursos financieros de la salud (EPS), no pueden olvidar que ellas trabajan con recursos que son públicos y que por lo tanto esos recursos les pertenecen a las personas que ellas tienen afiliadas, y esas personas afiliadas son las verdaderas dueñas del sistema y en ese sentido, las administradoras de recursos deben cumplir con lo que demandan en servicios esas personas afiliadas”, agregó.
El Superintendente dijo que si bien se reconoce que la cobertura de afiliación en salud es cercana al 95%, eso no se traduce en protección efectiva del derecho a la salud de todos los colombianos, y una prueba de ello es el aumento desmedido en las quejas contra el sistema.
“Hoy Colombia tiene un sistema de salud que tiene afiliados, pero no asegurados. Un sistema que tiene afiliados, pero no protegidos”, manifestó
Beltrán señaló que “el aseguramiento y la protección en salud deben hacerse las 24 horas del día y los siete días a la semana, porque los recursos de la salud son públicos y el ciudadano tiene la expectativa de que se le garantice su atención en salud, porque es un derecho exigible y no un favor dependiendo de la buena voluntad de la administradora de los recursos de la salud”, concluyó.
