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La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) en un comunicado manifestó su preocupación frente al incremento definido para la Unidad de Pago por Capitación (UPC) en 2026, definido en las últimas horas por el Ministerio de Salud.
Según el gremio este ajuste aprobado no reconoce plenamente la realidad financiera del sistema de salud y podría profundizar aún más la crisis que atraviesa el sector en diferentes regiones a nivel nacional.
Según la Andi, la UPC es un componente esencial para garantizar los recursos mínimos necesarios que permitan cubrir los costos de servicios médicos, medicamentos, terapias y tecnologías en salud, y con ello asegurar el derecho fundamental a la salud de la población colombiana.
En ese sentido, el gremio subrayó que su ajuste no debe entenderse como una negociación, sino como una decisión técnica que recae en el Ministerio de Salud, el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación (DNP).
Incremento insuficiente frente a la realidad del sistema
El gremio advirtió que un aumento de la UPC por debajo de lo requerido para responder al envejecimiento poblacional, el crecimiento de la demanda de servicios y el incremento de los costos de producción en salud, asociados al alza del salario mínimo y la inflación, tendrá efectos directos sobre el acceso de los ciudadanos a los servicios de salud en el próximo año.
De acuerdo con las proyecciones presentadas, al cierre de 2025 el sistema registrará una siniestralidad del 105,9 %, lo que implica que por cada $100 que reciben las EPS, estas gastan cerca de $106 únicamente en atenciones en salud, sin incluir los gastos administrativos. Esta situación habría generado un déficit operativo de $10,2 billones en 2025.
Con base en la información financiera del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), la ANDI estimó que para 2026 se requeriría un incremento mínimo del 15,6 % en la UPC para comenzar a estabilizar la operación corriente del sistema.
Riesgos del ajuste aprobado
No obstante, el incremento definido para 2026 sería, en promedio, del 12,94%, con un registro del 9,03 % en el régimen contributivo y del 16,49% en el régimen subsidiado, este último orientado a financiar la igualación de primas puras al 95%.
Con este escenario, el sistema requeriría $113,4 billones para su funcionamiento, incluyendo otros costos como presupuestos máximos, licencias por incapacidad general y licencias de maternidad y paternidad.
Según las proyecciones del gremio, el aporte del Presupuesto General de la Nación debería ascender a $45,9 billones, lo que dejaría apenas $2,5 billones disponibles para otros usos.
Ante este panorama, la Andi le hizo un nuevo llamado al Ministerio de Salud a reconsiderar la decisión y a apropiar los recursos conforme a lo aprobado por el Congreso de la República, respetando la prioridad legal del aseguramiento en salud.
Impacto en el régimen contributivo
La Andi reconoció que la igualación de primas entre los regímenes subsidiado y contributivo es un objetivo legítimo, pero advirtió que debe garantizarse el financiamiento adecuado de todo el sistema.
En particular, alertó que con un incremento cercano al 9% en el régimen contributivo no se estarían cubriendo plenamente los costos de las atenciones, lo que generaría un déficit cercano a los $3,7 billones en ese régimen.
Estos recursos, señaló la ANDI, dejarían de llegar a clínicas, hospitales, médicos, enfermeras y, finalmente, a los pacientes, afectando la prestación oportuna y de calidad de los servicios.
“Una tragedia humanitaria”
Finalmente, la Andi advirtió que la crisis del sistema de salud ya no es solo financiera o contable, sino que se ha convertido en una verdadera tragedia humanitaria, con impactos visibles en la atención de los usuarios.
El gremio reiteró que apropiar la totalidad de los recursos aprobados por el Congreso y ajustar la UPC del régimen contributivo a un nivel más cercano al requerido permitiría dar los primeros pasos para superar la crisis estructural del sistema de salud colombiano.
