Caso Kevin Acosta: Medicina Legal entregó cuerpo del menor a su mamá

Su mamá le rendirá el último adiós a su hijo en Santander hasta donde se trasladó tras haber recibido su cuerpo en Medicina Legal en Bogotá.
Desde hace varios años, organizaciones de pacientes con enfermedades huérfanas se han manifestado ante el Ministerio de Salud por la falta de asignación de recursos y el no suministro de medicamentos en tratamientos necesarios y vitales.
Desde hace varios años, organizaciones de pacientes con enfermedades huérfanas se han manifestado ante el Ministerio de Salud por la falta de asignación de recursos y el no suministro de medicamentos en tratamientos necesarios y vitales. Crédito: Colprensa - Lina Gasca

Medicina Legal entregó finalmente a su madre el cuerpo del menor Kevin Arley Acosta Pico, quien murió tras dos meses esperando que la Nueva EPS le suministrara sus medicamentos para tratar la hemofilia A severa que padecía.

Su madre, Yudy Katerine Pico, denunció en La FM que debido a la falta de entrega oportuna del tratamiento por parte de la EPS y a las demoras en la red de atención especializada se aceleró el deterioro de la salud que conllevó a la muerte de su adorado hijo.

Relató que el pequeño llevaba varias semanas sin recibir el medicamento que era vital para controlar su enfermedad, lo que terminó por provocarle la aparición de hematomas ante cualquier golpe.

Sin embargo, estos episodios terminaron por agudizarse tras una caída que protagonistas en bicicleta, lo que obligó su traslado al hospital donde denunció permaneció más de 24 horas sin recibir el tratamiento médico requerido.

Yudy Katerine Pico explicó que la falta del suministro de medicamentos se demoró debido a trámites y gestiones de autorizaciones administrativas, quedando en un segundo plano la salud de su hijo, que era lo realmente importante.

En su momento, enfatizó que cuando logró ser atendido y recibió los medicamentos, ya era demasiado tarde, debió a que el estado de salud de Kevin era extremadamente crítico y los esfuerzos médicos para mantenerlo con vida fueron insuficientes.

El viacrusis que llevó a la muerte a Kevin 

Kevin Arley Acosta Pico, un niño de siete años con hemofilia A severa, murió en Bogotá el viernes 13 de febrero. Permanecía en cuidados intensivos en el hospital La Misericordia luego de que Nueva EPS autorizara su traslado desde Huila.

Pese a la afiliación del menor a la entidad, intervenida por el gobierno de Gustavo Petro a través de la Superintendencia de Salud, su tratamiento médico fue interrumpido, de acuerdo con denuncias públicas de su familia.

Las horas de angustia, súplicas y publicaciones en redes sociales elevaron la presión sobre la EPS, que apenas el 9 de febrero avaló su traslado a Bogotá para una atención más especializada. Pese a la persistencia del personal médico, Kevin murió.

El niño se golpeó la cabeza desde una altura de un metro y medio, aproximadamente. Su madre, Yudy Katherine Pico, lo llevó a urgencias en Palestina, un municipio huilense fundamentalmente agricultor de cerca de doce mil habitantes.

“Kevin requiere Emicizumab, un medicamento vital que debe aplicarse cada veintiocho días y del cual ya completa dos meses sin recibir ninguna dosis”, relató la señora Yudy. Desde Palestina, los médicos lo remitieron a Pitalito.

La IPS Medicarte terminó su convenio con Nueva EPS el primero de enero de 2026. Desde entonces, Kevin no tenía IPS asignada. La EPS le informó a la madre del menor del traslado a otra IPS, Integral Solutions, donde solo tuvo una consulta por teléfono.

IPS sin contratos y pacientes sin soluciones

Al día siguiente de la consulta, “me notificaron que esta IPS tampoco tenía contrato vigentecon la EPS”, contó Pico. La consulta de hematología derivó en la orden de unos exámenes que, de todos modos, no fueron posibles.

“Hasta el momento la Nueva EPS no se ha hecho responsable, ni de la IPS del niño ni del medicamento”, sostuvo la madre antes del traslado a Bogotá. “La vida de mi hijo está en riesgo”, agregó, por no haber tenido Emicizumab en enero ni febrero.

Los pacientes con hemofilia, un trastorno hereditario que afecta a la sangre, son especialmente delicados. Por ley, las EPS deben garantizar una IPS que brinde atención integral, incluso en términos psicológicos, y que garantice la dispensación de medicamentos.

Pero Nueva EPS "no ha postulado para pagos a varias IPS", lo que causa que las prestadoras decidan romper alianzas y no atender, como le explica a La FM Aliosha Mendoza Choles, subdirectora de la Asociación de Pacientes con Enfermedades de Depósito Liosomal (Acopel).

"Al tener estas carteras tan altas, las IPS no quieren prestar la atención", así que las EPS deben "solucionar los pagos a terceros", dice Mendoza. De todos modos, "los pacientes no entienden del sistema de seguridad social, quién es el ordenador del pago o el pagador, ellos solamente necesitan soluciones prontas".

El golpe en la cabeza de Kevin provocó un sangrado cerebral, una condición de riesgo vital inmediato especialmente grave en pacientes con hemofilia severa y sin tratamiento, como él. La muerte del menor se confirmó este fin de semana. Tenía siete años.

La crisis de la intervenida Nueva EPS

La historia de Kevin es una muestra más de cómo se ha agudizado la crisis de Nueva EPS, la entidad de salud más grande del país y que la Superintendencia de Salud intervino en abril de 2024. Las quejas de sus usuarios crecieron el año pasado.

Huila, donde Kevin vivía, fue el departamento con mayor aumento de quejas ante la Defensoría del Pueblo, de acuerdo con un reporte del Ministerio Público que acoge tanto pronunciamientos de pacientes como datos de la EPS.

En términos de porcentaje, las personas afiliadas a Nueva EPS en Huila incrementaron sus quejas en un 564%, pasando de registrar unas 39 en 2024 a 259 en 2025. El segundo departamento con mayor alza fue Vichada, con un 538%.

La superintendencia recibió 18.182 peticiones, quejas, reclamos y solicitudes de usuarios de Nueva EPS en 2024 en Norte de Santander. En 2025 la cifra creció en más de cinco mil casos, un 27%, hasta llegar a los 23.063.

Huila pasó de 14.668 PQRSD a 24.621, y Tolima, de 15.116 a 20.615. En el nororiente de Colombia los usuarios informan de más de seis meses, "inclusive años" —describe el ente de derechos humanos—, esperando medicamentos.


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