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El presidente del grupo empresarial Keralty, Joseba Grajales Jiménez, afirmó que tras 17 meses de intervención estatal que calificó como “ilegal, arbitraria y profundamente injusta”, la Corte Constitucional devolvió el control de EPS Sanitas al grupo Keralty.
A través de un comunicado, el directivo señaló que la decisión reconoció que la medida del Gobierno carecía de sustento legal y afectó de manera grave al sistema de salud y por ende, a millones de usuarios.
“Este fallo histórico no solo reconoce la ilegalidad de la intervención a EPS Sanitas, sino que desenmascara una estrategia deliberada para desmantelar un sistema de salud que ha servido eficientemente a millones de colombianos. Agradecemos la valentía e integridad de la justicia colombiana, que ha reafirmado el Estado de Derecho frente a la arbitrariedad”, señaló.
Apuntó que en un manifiesto titulado “Un grito por la verdad, la justicia y la reconstrucción”, Keralty afirmó que la intervención no fue un error administrativo, sino “un ataque frontal contra los derechos fundamentales de los colombianos”.
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Según la organización, la supuesta “transformación” del modelo sanitario generó desabastecimiento de medicamentos, colapso en las redes de atención y abandono de pacientes.
“La compañía hizo un llamado al Ejecutivo para que cumpla de manera inmediata e integral con la sentencia de la Corte, garantice el pago de deudas acumuladas y asegure la estabilidad financiera de las EPS. Además, pidió frenar las campañas de desinformación que, según denuncian, han intentado desprestigiar el modelo de atención de Sanitas”, sostuvo.
El documento también reclamó que los responsables de lo que consideran una “estrategia destructiva” respondan ante los tribunales.
“El daño causado, en muchos casos irreparable, no puede quedar en la impunidad. La sociedad colombiana no olvidará, y la historia los juzgará. Este mandato es un imperativo legal y moral. Su incumplimiento sería un nuevo atentado contra el Estado de Derecho”, señala otro aparte del documento.
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Keralty aseguró a sus usuarios, empleados y prestadores, que inicia ahora una “ardua tarea de reconstrucción” del sistema de atención. Sin embargo, reconoció que el proceso será largo y complejo, dado el deterioro sufrido durante la intervención estatal.
“La causa de Keralty trasciende lo empresarial; es una causa humana, una lucha por un sistema de salud que dignifique a cada persona, basado en la justicia, la evidencia científica y la compasión genuina”, recalcó la organización.
El directivo precisó que “¡Estamos de vuelta! Con la misma pasión por la salud, la ciencia y el espíritu de comunidad que nos define, iniciamos la ardua tarea de reconstrucción. Pero debemos ser francos: el daño causado por la intervención ilegal, como lo ha sentenciado la Corte Constitucional, y por la actuación irresponsable del Gobierno —que ignoró las claras instrucciones de las autoridades legislativas, los entes de control y las instituciones nacionales acreditadas— es devastador”.
Con el fallo de la Corte Constitucional, Keralty retoma la operación de EPS Sanitas, pero advierte que ese camino de recuperación exigirá esfuerzos colectivos y un compromiso decidido para garantizar nuevamente la atención en salud de millones de colombianos.
Por ello, la compañía le exigió al Gobierno Nacional lo siguiente:
- Cumplimiento inmediato, incondicional e integral del fallo de la Corte Constitucional. Este mandato es un imperativo legal y moral, cuya desobediencia sería un nuevo atentado contra el Estado de Derecho.
- Reparación efectiva e inmediata del daño incalculable causado a nuestra red de atención, a nuestros equipos profesionales y, sobre todo, a los millones de usuarios afectados, quienes merecen justicia y dignidad.
- Cumplimiento inmediato con los pagos adeudados y garantía de estabilidad financiera para las EPS, conforme lo ordena la ley, asegurando la continuidad y calidad del servicio de salud.
- Cese definitivo de las campañas de desinformación que aún persisten, diseñadas para sembrar división, miedo y desconfianza en la sociedad colombiana.
- Establecimiento de garantías institucionales robustas y vinculantes para que una arbitrariedad de esta magnitud no vuelva a repetirse en Colombia, protegiendo el derecho fundamental a la salud como así lo manda la Constitución del país.
