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El Ministerio del Trabajo informó que en la madrugada de este 21 de febrero culminó el acompañamiento al sellamiento de instalaciones no esenciales de la (ESSA), en el marco de la huelga promovida por el sindicato Sintraelecol.
La medida se aplicó en las dependencias del área legal, Secretaría General y auditoría en Bucaramanga, así como en áreas de atención técnica de clientes y en la oficina de reducción y control de energía en Barrancabermeja, conforme a las actuaciones de la autoridad laboral.
Según la cartera laboral, la “hora cero” de la huelga inició el viernes 20 de febrero a las 7:00 a. m., luego de varias mesas de diálogo con acompañamiento de los ministerios del Trabajo y de Minas y Energía, sin que se lograra un acuerdo entre las partes.
Derecho a la huelga y límites en servicios esenciales
El Ministerio recordó que en Colombia el derecho a la huelga tiene reconocimiento constitucional, pero su ejercicio debe armonizarse con la protección de servicios cuya interrupción pueda afectar de manera grave a la comunidad.
La entidad señaló que las autoridades laborales velan porque la protesta colectiva no comprometa la continuidad del servicio esencial de energía y anunció que el incumplimiento de estas obligaciones podría dar lugar a investigaciones administrativas y sanciones previstas en la normativa vigente.
Argumentos de Sintraelecol
Los presidentes y negociadores de las subdirectivas de Sintraelecol en Bucaramanga, Barrancabermeja, Socorro, San Gil y Barbosa notificaron oficialmente el inicio de la huelga, decisión aprobada en asamblea el 7 de febrero.
El sindicato sostiene que la empresa se negó a negociar de buena fe y presentó propuestas que, según su posición, desmejoran las condiciones laborales. Exigen respeto por los derechos adquiridos, progresividad en materia laboral, estabilidad jurídica y la formalización de más de 3.000 trabajadores tercerizados.
Sintraelecol también solicitó vigilancia activa del Ministerio del Trabajo y de la Superintendencia de Servicios Públicos para garantizar servicios mínimos y evitar eventuales represalias.
Preocupación de Andesco
Por su parte, la (Andesco), a través de su presidente, Camilo Sánchez Ortega, expresó preocupación por el anuncio de huelga.
La agremiación recordó que el artículo 56 de la establece que el derecho a la huelga no aplica en servicios públicos esenciales, condición desarrollada por el artículo 4 de la Ley 142 de 1994.
Andesco advirtió que una eventual suspensión del servicio impactaría a 958.344 clientes, incluidos más de 243.000 usuarios rurales y 64.833 bajo modalidad prepago. También se verían comprometidos 517 establecimientos de salud, 71 usuarios electrodependientes, 47 hogares geriátricos y 54 hogares del ICBF.
A esto se suman 260 acueductos, 3.492 instituciones educativas, 28 centros penitenciarios, seis aeropuertos, 40 nodos de telecomunicaciones y otras cuentas de manejo especial vinculadas a seguridad y servicios básicos.
Diferencias económicas en la negociación
Según Andesco, la propuesta actual de la empresa incluye mejoras en beneficios como auxilio sindical, alimentación, seguro de vida, fondo de vivienda y educación, además de un aumento salarial que supera en varios puntos el IPC con corte a noviembre de 2025.
En contraste, el pliego presentado por Sintraelecol asciende a aproximadamente $243 mil millones, de los cuales cerca de $98 mil millones corresponden a nuevos beneficios y $132 mil millones a salarios, derivados de una solicitud de incremento del 23%. La agremiación precisó que ninguno de los trabajadores de la compañía percibe el salario mínimo.
Llamado a garantizar el servicio
Andesco reiteró su respeto por el derecho a la asociación sindical y la negociación colectiva, pero señaló que estos deben ejercerse dentro del marco constitucional y garantizando la prevalencia del interés general.
La agremiación hizo un llamado a los ministerios de Minas y Energía, Trabajo y Salud para que adopten las medidas necesarias que aseguren la continuidad del servicio y protejan los derechos fundamentales de los usuarios.
Mientras avanzan los acercamientos, el Ministerio del Trabajo mantiene el acompañamiento institucional, en un escenario donde el debate jurídico y laboral se cruza con la obligación de garantizar un servicio esencial para más de 900 mil usuarios en Santander y otros departamentos del país.
