La FM en Google News
El Gobierno Nacional espera definir antes de finalizar 2026 qué ocurrirá con las siete EPS que permanecen bajo intervención. La ministra de Salud, Ana María Vesga, explicó que el proceso se debe revisar de manera individual la situación de cada entidad para establecer cuáles pueden recuperarse y cuáles deberán avanzar hacia la liquidación.
La funcionaria entregó el diagnóstico durante el evento Visión y Prioridades del Sistema de Salud Colombiano, organizado por Así Vamos en Salud, la Universidad de los Andes y la Fundación Santa Fe. Allí expuso los resultados de sus primeros 30 días al frente del Ministerio y explicó cuáles son los principales problemas que encontró en el sistema.
Para Vesga, la crisis no se limita a las dificultades financieras y de atención. También existe una erosión institucional, técnica y territorial que, según su diagnóstico, dificulta la capacidad del Estado para dirigir el sistema de salud y responder a las necesidades de las diferentes regiones.
Uno de los hechos que le permitió dimensionar esa situación ocurrió después del sismo del 10 de agosto. La ministra contó que, al intentar activar la dirección encargada de atender emergencias, encontró que la persona responsable pertenecía al equipo de comunicaciones y realizaba labores relacionadas con fotografías y seguimiento de redes sociales.
“Erosión técnica. Erosión institucional”, resumió Vesga al referirse a lo encontrado durante su primer mes de gestión. A esto sumó la falta de comunicación con los territorios, especialmente con los secretarios departamentales de salud.
Según la ministra, algunos funcionarios territoriales manifestaron que no habían hablado con el Ministerio durante dos o tres años, mientras otros aseguraron que nunca tuvieron comunicación con la cartera. Para Vesga, esta situación plantea una dificultad para gobernar el sistema y conocer lo que ocurre en cada región.
También cuestionó la forma como se administraron los recursos durante los últimos cuatro años. De acuerdo con su explicación, el sistema respondió a necesidades puntuales de quienes acudían al Ministerio o contaban con el respaldo político de sus responsables. Esta dinámica, señaló, tuvo efectos en la distribución de recursos, las inversiones y el control del sistema general.
La emergencia puso en evidencia las necesidades de la red hospitalaria
El sismo también permitió al Gobierno acercarse a distintos territorios. Vesga señaló que durante los primeros 30 días de su gestión hubo presencia gubernamental en municipios donde, según los habitantes, nunca había estado un ministro nacional del Gobierno.
La emergencia dejó 400 sedes de IPS afectadas, de las cuales 192 registraron una mayor afectación. Un primer censo estableció que la recuperación de la red hospitalaria afectada requerirá $1,9 billones.
Sin embargo, la recuperación no consiste únicamente en reconstruir las instalaciones. La ministra explicó que varios hospitales públicos dependen de los ingresos de su facturación y actualmente funcionan entre 20 % y 30 % de su capacidad, por lo que necesitan respaldo para conservar su viabilidad mientras recuperan sus servicios.
Para atender esta situación, el Ministerio plantea asistencia técnica y apoyo a los secretarios de salud. También contempla el Fondo Milagro, recursos públicos, participación privada, obras por impuestos y alianzas público-privadas como mecanismos para reconstruir la red hospitalaria.
El diagnóstico financiero de las EPS constituye otro de los asuntos que el Gobierno busca resolver. Las siete entidades intervenidas concentran 22,4 millones de afiliados y registran pasivos por $52 billones, cifra citada por Vesga a partir de un dato divulgado por la Contraloría General de la República dos semanas antes.
La ministra aclaró que existen diferencias entre las cifras disponibles y también mencionó patrimonios negativos superiores a $24 billones. Las obligaciones acumuladas tienen efectos sobre clínicas, hospitales y proveedores, que enfrentan las deudas de las EPS.
Antes de definir cómo financiar o reestructurar esos compromisos, el Ministerio y la Superintendencia Nacional de Salud preparan un ejercicio de conciliación para establecer cuál es realmente el pasivo acumulado por las entidades intervenidas.
“¿Cómo se financia un pasivo, si no se sabe cuál es el pasivo? ¿Cómo se reestructura un pasivo si no se conoce cuál es el pasivo?”, cuestionó Vesga durante su intervención.
El Gobierno no contempla una misma salida para todas las EPS
La ministra descartó aplicar una solución uniforme a las siete EPS. Una liquidación de todas las entidades afectaría a millones de afiliados, mientras que una nacionalización obligaría al Estado a asumir sus pasivos y una operación que, según Vesga, el Gobierno no estaría en capacidad de absorber.
La alternativa consiste en estudiar cada entidad por separado y revisar su viabilidad financiera y operativa, además de la red disponible para garantizar la atención. Con base en ese análisis, algunas EPS podrían recuperarse y otras tendrían que avanzar hacia la liquidación.
La decisión de liquidar corresponde a la Superintendencia Nacional de Salud. El Gobierno también revisará el modelo de intervención, pues Vesga cuestionó que no conozca casos en los que una intervención termine con instituciones más sólidas, con mejor gobernanza o con mejores condiciones de atención para los usuarios.
Mientras se define el futuro de las EPS, el Ministerio trabaja en un plan de choque para disminuir la presión sobre el sistema. La estrategia establece una priorización de pacientes según la gravedad de sus condiciones y el riesgo que enfrentan.
El primer grupo incluye personas trasplantadas, pacientes con enfermedades huérfanas, cáncer, diabetes insulinodependiente y VIH, principalmente cuando existe riesgo vital o posibilidad de una pérdida irreversible de respuesta terapéutica.
El segundo grupo reúne a pacientes con alta probabilidad de hospitalización, entre ellos personas con asma, insuficiencia cardíaca, enfermedad renal crónica, salud mental, gestantes y pacientes con EPOC que requieren tratamientos esenciales y seguimiento.
Una tercera categoría incluye pacientes con hipertensión pulmonar, diabetes mellitus, dislipidemia e hipotiroidismo, entre otras condiciones. El propósito consiste en identificar, por cada asegurador, los tratamientos pendientes y los puntos donde se concentra el mayor rezago.
Según la información preliminar presentada por Vesga, los medicamentos representan 70 % del rezago de atención registrado hasta el 30 de agosto. Para la ministra, resolver estos tratamientos puede resultar más rápido que crear nuevas redes de atención.
El plan contempla recursos de presupuestos máximos y compra de cartera. Vesga indicó que 4.000 pacientes con enfermedades huérfanas no reciben tratamientos pese a que existen recursos disponibles para atender parte de esas necesidades.
La ministra también sostuvo que 75 % de la llamada “represa” de atención se encuentra en las EPS intervenidas. Según su diagnóstico, estas entidades realizaron una gestión deficiente de recursos que sí recibieron, situación que generó problemas en los giros y en las postulaciones.
La meta inmediata consiste en llegar al 31 de diciembre con tres avances: estabilizar las EPS, cumplir las órdenes de la Corte relacionadas con el financiamiento e iniciar la implementación del plan de choque.
Si estas medidas permiten disminuir la presión sobre el sistema, el Ministerio buscará avanzar hacia cambios estructurales. Entre ellos aparecen la reorganización del aseguramiento con una lógica territorial, modificaciones en los modelos de contratación, mejoras en la compra de medicamentos y el fortalecimiento de los hospitales públicos.
Vesga también planteó revisar la prescripción, integrar bases de datos y buscar mecanismos frente a la judicialización. Según indicó, el año pasado se presentaron dos millones de tutelas, por lo que propuso establecer mecanismos previos de conciliación para evitar que los casos lleguen a los tribunales.
La ruta planteada por el Gobierno parte de ordenar las cuentas y atender los problemas más urgentes de los pacientes, mientras busca recuperar la capacidad institucional para dirigir el sistema. En ese proceso, antes de terminar 2026 deberá definirse el futuro de las siete EPS intervenidas.
¿Cuándo se conocerá el futuro de las EPS intervenidas?
El Gobierno espera tomar las decisiones antes de finalizar 2026. Para ello, primero realizará una revisión individual de las siete entidades y determinará cuáles cuentan con posibilidades de recuperación y cuáles deberán avanzar hacia la liquidación.
¿Por qué el Gobierno quiere conciliar las cuentas de las EPS?
El Ministerio busca establecer el valor real de los pasivos antes de decidir cómo financiarlos o reestructurarlos. Las cifras citadas por la ministra hablan de $52 billones en pasivos y patrimonios negativos superiores a $24 billones, aunque también reconoció diferencias entre los datos disponibles.
¿Qué busca el plan de choque del Ministerio de Salud?
La estrategia pretende reducir el rezago en la atención y priorizar a los pacientes según el riesgo de sus condiciones. El Ministerio identificó los medicamentos como el principal componente del rezago y plantea utilizar recursos de presupuestos máximos y compra de cartera para atender parte de las necesidades pendientes.
