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A pocos meses de cumplirse una década de la firma del Acuerdo Final de Paz, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado al próximo Gobierno nacional y al Congreso de la República para que mantengan como una prioridad la protección de los derechos de las víctimas del conflicto armado y la implementación de medidas que eviten la repetición de los hechos de violencia que han afectado al país durante décadas.
La entidad respaldó las conclusiones del sexto informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo a las Recomendaciones de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV), denominado “Tejidos para la reparación”, documento que analiza los avances y desafíos en la atención, reparación y garantía de derechos para las víctimas.
Avances en los procesos para las víctimas
Según la Defensoría, el informe evidencia progresos significativos en varios frentes. Entre ellos, destaca la ampliación de la vigencia de la Ley de Víctimas, el incremento en el número de personas afectadas por violencia sexual que han recibido indemnizaciones, los avances en los procesos de restitución de tierras y el fortalecimiento de mecanismos para la búsqueda de personas desaparecidas.
También resalta el reconocimiento de responsabilidades por parte del Estado y la adopción de políticas orientadas a brindar soluciones duraderas a la población desplazada. Sin embargo, el organismo advirtió que persisten importantes retos para garantizar una reparación integral.
Principales obstáculos
Entre las principales preocupaciones se encuentran los bajos niveles de implementación de las medidas de reparación colectiva dirigidas a comunidades étnicas, mujeres y personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, así como las dificultades que enfrentan las víctimas que permanecen fuera del país.
La Defensoría coincidió con el Comité en que la estructura institucional creada hace más de una década para atender a las víctimas resulta insuficiente frente a la magnitud de las necesidades actuales. Además, señaló que las restricciones presupuestales continúan siendo uno de los principales obstáculos para avanzar en el cumplimiento de las obligaciones del Estado.
Personas afectadas por el conflicto
En ese contexto, destacó la importancia de la Comisión de Financiamiento de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, creada por mandato legal, como una instancia clave para identificar mecanismos que permitan fortalecer los recursos destinados a la reparación y atención de las personas afectadas por el conflicto.
Finalmente, la entidad insistió en que las recomendaciones de la Comisión de la Verdad constituyen una guía para enfrentar las causas que han prolongado el conflicto armado y otras expresiones de violencia.
Por ello, pidió que las conclusiones del informe se traduzcan en políticas públicas, acciones concretas y decisiones institucionales que fortalezcan la reparación, la memoria, la construcción de paz y las garantías de no repetición para millones de víctimas en Colombia.
Clave del tema en cuatro preguntas
1. ¿Qué está pidiendo la Defensoría del Pueblo al nuevo Gobierno y al Congreso?
La Defensoría solicitó que la garantía de los derechos de las víctimas del conflicto armado y las medidas de no repetición se mantengan como una prioridad en la agenda estatal, con acciones concretas que fortalezcan la construcción de paz.
2. ¿Cuáles son los principales avances destacados en el informe “Tejidos para la reparación”?
El documento resalta la prórroga de la Ley de Víctimas, el aumento de indemnizaciones a víctimas de violencia sexual, avances en restitución de tierras, el fortalecimiento de la búsqueda de personas desaparecidas y nuevas estrategias para atender a la población desplazada.
3. ¿Qué desafíos identifica el Comité de Seguimiento a las recomendaciones de la Comisión de la Verdad?
El informe señala dificultades en la implementación de la reparación colectiva para pueblos étnicos, mujeres y personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, además de los retos para atender a las víctimas que viven en el exterior.
4. ¿Por qué preocupa la capacidad del Estado para atender a las víctimas?
Porque la institucionalidad creada hace 15 años ha sido superada por la magnitud del conflicto y enfrenta limitaciones presupuestales, lo que dificulta responder de manera adecuada a las necesidades de reparación y garantía de derechos.
