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Diversas organizaciones de pacientes, usuarios y prestadores de servicios de salud advirtieron que una eventual liquidación generalizada y apresurada de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), bajo medida de intervención, podría agravar la crisis del sistema de salud colombiano y aumentar de manera significativa los riesgos para millones de pacientes y hospitales en todo el país.
A través de un pronunciamiento conjunto, las organizaciones alertaron que eliminar las EPS sin un plan de transición probado, financiado y técnicamente sustentado pondría en riesgo inmediato la atención de personas con enfermedades crónicas, huérfanas y de alto costo, así como la continuidad de tratamientos vitales.
“Se aumentaría la crisis y los riesgos de atención para los pacientes pero, además, para los trabajadores del sector salud en el país”, dijo Augusto Galán, exministro de salud e integrante de esta organización.
Vacío operativo y riesgo asistencial
Según el documento, aunque las EPS presentan problemas estructurales, actualmente cumplen funciones esenciales como la gestión del riesgo en salud, la organización de redes de prestación, la articulación entre niveles de atención, la garantía de continuidad clínica y el pago a miles de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS).
Las organizaciones señalan que el Estado no cuenta hoy con la capacidad operativa para reemplazar de forma abrupta a las EPS. No existe una entidad nacional o territorial que pueda asumir simultáneamente la administración, autorización, auditoría y pago de millones de servicios de salud en todo el territorio nacional.
Una liquidación precipitada, advierten, generaría un vacío funcional, financiero y asistencial sin precedentes, con impactos directos sobre la entrega de medicamentos, la realización de procedimientos urgentes y la continuidad de la atención médica, incrementando la morbimortalidad y la saturación de los servicios de urgencias.
Impacto financiero y hospitalario
El pronunciamiento también alerta sobre los efectos financieros severos que tendría una liquidación masiva.
Aunque los recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) seguirían fluyendo, la desaparición de pagadores organizados rompería la cadena de pagos, dejando a miles de hospitales y clínicas sin un interlocutor claro, profundizando la crisis de liquidez, el cierre de servicios y el deterioro de las condiciones laborales del talento humano en salud.
Las organizaciones recuerdan que la crisis actual no se originó en las EPS, sino en la insuficiencia estructural de financiación, el incumplimiento de fallos y autos de la Corte Constitucional, deficiencias regulatorias, fallas en la supervisión estatal y la creciente politización del debate sanitario.
Desfinanciación y alertas vigentes
El documento señala que, al cierre de 2025, las deudas del Gobierno nacional con el sector salud se incrementaron, superando los 2 billones de pesos, debido a retrasos en los pagos de presupuestos máximos y al incumplimiento de mandatos judiciales.
Adicionalmente, advierten que la actualización de la UPC para 2026 no cubre las necesidades reales del régimen contributivo y subsidiado, ni las ampliaciones del plan de beneficios.
El presupuesto máximo asignado para 2026 cubriría apenas el 25 % de lo requerido para atender a pacientes con enfermedades huérfanas y de muy alto costo.
A esto se suma el impacto del incremento del salario mínimo, no contemplado en el cálculo de la UPC, que eleva los costos operativos del sistema.
Diálogo y responsabilidad institucional
Finalmente, las organizaciones rechazaron los ataques personales, las descalificaciones y la confrontación ideológica como herramientas para enfrentar la crisis, y señalaron que estas prácticas solo profundizan la incertidumbre y el deterioro del sistema.
“El derecho fundamental a la salud de los colombianos no puede ponerse en riesgo por decisiones improvisadas, ideológicas o carentes de sustento técnico”, señala el pronunciamiento, que hace un llamado al diálogo, la rigurosidad técnica y la responsabilidad institucional como única vía para una transformación real y sostenible del sistema de salud.
El comunicado fue suscrito por la Mesa de Asociaciones de Usuarios en Salud, Pacientes Colombia, asociaciones de usuarios de varias EPS, organizaciones de pacientes, fundaciones y asociaciones de IPS, bajo el lema: “Este es el Pacto por una Mejor Salud”.
