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Nueva EPS tiene cinco días hábiles para entregar un informe sobre sus finanzas. La entidad, a la que estaba afiliado el niño Kevin Arley Acosta Pico, debe proporcionar soportes, datos y medidas adoptadas frente al giro de recursos a las IPS.
Así lo ordenó la Procuraduría General de la Nación este jueves, 19 de febrero, seis días después de la muerte de Kevin, de siete años. El menor tenía hemofilia A Severa, y no recibía un medicamento vital desde hacía dos meses. Falleció en Bogotá.
Mientras la Defensoría del Pueblo, una entidad adscrita al Ministerio Público, se ha pronunciado activamente sobre el caso del niño y ha reconocido las fallas estatales en su cuidado, la Procuraduría guardó silencio hasta antes de requerir el informe.
La Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social pidió conocer el plan de trabajo que Nueva EPS ha diseñado para el cierre, la certificación, el dictamen y la aprobación de sus estados financieros de 2023 y 2024.
El plan, además, debe incluir la legalización de anticipos a la red prestadora de servicios de salud, los proveedores, la modernización tecnológica, la estabilización en la radicación y el procesamiento de las cuentas médicas, y la contabilización.
Aunque el Ministerio Público actúa como garante de derechos y órgano disciplinario, la vigilancia de las EPS le corresponde en principio a la Superintendencia de Salud. Nueva EPS tiene una superintendenta ad hoc por orden del Ministerio de Salud.
En octubre de 2025, el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo posesionó a Bernardo Camacho como superintendente de Salud. El médico había sido interventor de Nueva EPS, lo que implicaba representación legal y presencia en la junta directiva.
Jaramillo remarcó el conflicto de interés de Camacho en la entidad, así que desde entonces designó a una superintendenta ad hoc que se encargue exclusivamente de la EPS más grande del país, que atiende a unos once millones de usuarios.
Alertas y reclamos en Nueva EPS
La exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Lizeth Rodríguez, fue la primera en el cargo. Luego llegó Luz María Múnera, actual consejera para las Regiones, quien sigue en el puesto. La Procuraduría le reclamó.
El ente de control le pidió a Múnera “ejercer medidas de vigilancia y control a los planes de acción” de Nueva EPS, de acuerdo con un comunicado oficial. La idea es evitar “poner en riesgo” la integridad de los pacientes y el destino de los recursos.
Si bien la declaración de este miércoles es la primera de la Procuraduría desde la muerte de Kevin Acosta, ya el Ministerio Público se había pronunciado sobre la crisis de Nueva EPS. En enero insistió sobre la necesidad de medidas “urgentes”.
El 9 de enero el organismo disciplinario lideró una mesa de seguimiento con representantes de la EPS, y solicitó garantizar atención “oportuna e integral” para las personas afiliadas, además de adoptar “un plan de contingencia inmediato”.
La Procuraduría delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social requirió "continuar trabajando en el modelo de ajuste estructural y las alternativas de solución ante la problemática de disponibilidad y suficiencia de los recursos".
El llamado llegó después de una semana cargada de largas filas, escasez de medicamentos e incertidumbre entre los usuarios de Nueva EPS. Colsubsidio había dejado de suministrar medicamentos a los afiliados, y luego lo retomó.
Pese a la designación de nuevos gestores en once departamentos donde Colsubsidio operaba, pacientes y organizaciones denunciaron ineficiencia, aparente improvisación y falta de definición de puntos claros para la dispensación de medicinas.
La Superintendencia de Salud mantiene intervenida a Nueva EPS desde el 3 de abril de 2024, cuando alegó "una alarmante escalada" en las reclamaciones y una constante vulneración del derecho a la salud. Un año y medio después, el Gobierno adquirió el 51% de las acciones de la empresa.
Intervención del Gobierno, advertencias de la Defensoría y líos en medicamentos
Actualmente, la administración de Gustavo Petro, con Guillermo Alfonso Jaramillo a la cabeza del Ministerio de Salud, administra ocho EPS: Asmet Salud, Capresoca, Coosalud, Emssanar, Famisanar, Nueva EPS, Savia Salud y Servicio Occidental de Salud (SOS).
Nueva EPS es la que conserva la mayor cantidad de quejas. De acuerdo con el observatorio Así Vamos en Salud, que desde 2002 evalúa varios indicadores sanitarios, la prestadora llegó a más de 38 mil peticiones, quejas y reclamos en agosto de 2025, ocho mil más de los anteriores a la intervención.
La tasa de reclamos llegó a 42,6 por cada diez mil afiliados, lo que la dejó en un tercer lugar, solo detrás de Famisanar, con 60,2, y SOS, con 54,7 reclamos, si bien ambas EPS suman unos 3,7 millones de usuarios, una tercera parte de los de Nueva EPS.
El 8 de enero la Defensoría del Pueblo advirtió de "un alarmante aumento" en la "dispensación inoportuna de medicamentos" de Colsubsidio, que hasta diciembre del año pasado tenía un contrato para entregarles medicamentos a más de 1,6 millones de afiliados de Nueva EPS.
Con un mensaje en su cuenta de X, la entidad que lidera Iris Marín reiteró un "llamado urgente" a la Superintendencia de Salud y al agente interventor de Nueva EPS, Luis Óscar Galves, "para que brinden información clara, oportuna y verificable".
Decenas de pacientes han reportado interrupciones en la atención, procedimientos suspendidos, cancelación de citas y canales virtuales que no les facilitan el acceso a medicamentos o tratamientos esenciales. La participación estatal no ha provocado mejoras.
"La falta de información sobre rutas de atención y procesos de transición en EPS intervenidas agrava incertidumbre, dificulta gestión de casos y vulnera continuidad del servicio", remarcó la Defensoría, que exigió "implementación inmediata de mecanismos efectivos".
El contrato entre Nueva EPS y Colsubsidio terminó por retrasos en los pagos de la entidad. En noviembre de 2025, todavía con Gloria Polanía como interventora, el operador y la prestadora llegaron a un nuevo acuerdo, pero la pausa en el servicio se hizo inminente al iniciar el 2026.
