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La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, Asocapitales, advirtió sobre el aumento de amenazas e intimidaciones contra mandatarios locales y funcionarios en distintas regiones del país.
Entre enero de 2024 y abril de 2026 se han identificado al menos 11 alcaldes de ciudades capitales con registros públicos de amenazas, alertas de atentado o riesgos contra su vida, además de más de ocho casos que involucran a equipos institucionales.
Amenazas en varias regiones del país
El análisis señala que estos hechos no se concentran en una zona específica, sino que se han presentado en diferentes regiones, incluyendo el Caribe, la región Andina, el Pacífico, la Amazonía y zonas de frontera. Los casos documentados incluyen amenazas directas contra alcaldes, así como reportes de posibles planes de atentado en varias ciudades principales.
También se mencionan situaciones de riesgo y controversia en torno a algunos mandatarios, lo que evidencia la diversidad de escenarios en los que se presentan estas intimidaciones. El fenómeno no solo afecta a los alcaldes, sino también a funcionarios como secretarios de despacho, equipos técnicos y personal operativo, ampliando el impacto sobre la gestión institucional.
Presiones ligadas a decisiones contra economías ilegales
De acuerdo con la información recopilada por la asociación, las amenazas suelen aparecer en contextos donde las administraciones locales adoptan medidas que afectan intereses ilegales. Entre estas decisiones se encuentran operativos contra estructuras criminales, controles al espacio público, regulaciones de movilidad y acciones contra economías ilícitas como la extorsión o el microtráfico.
El reporte identifica patrones como la presión directa sobre funcionarios que ejercen autoridad en terreno y la extensión de las amenazas a familiares de los mandatarios. Estas situaciones reflejan el uso de la intimidación como una forma de incidir en decisiones públicas y limitar la acción de las autoridades en las ciudades.
Impacto en la gobernabilidad y llamados a medidas
Asocapitales advierte que las consecuencias de estas amenazas trascienden el ámbito individual. Señala que el riesgo contra alcaldes y funcionarios afecta la capacidad del Estado para ejercer autoridad y puede incidir en el funcionamiento de la administración pública en los territorios.
Frente a este panorama, el organismo planteó la necesidad de fortalecer los esquemas de protección, mejorar las capacidades de inteligencia y priorizar las investigaciones sobre estos hechos. Entre las acciones propuestas se incluyen la creación de un protocolo nacional de respuesta, el refuerzo de entidades de protección y un sistema centralizado para el seguimiento de riesgos contra autoridades territoriales.
El informe también indica que la tendencia se mantiene vigente, con casos recientes en varias ciudades que evidencian la continuidad de las intimidaciones. Las alertas apuntan a que tanto alcaldes como funcionarios de alto nivel y equipos operativos siguen siendo objeto de amenazas, en un contexto que involucra distintas regiones del país.
