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Lo que debía ser una fiesta deportiva para cientos de niños y adolescentes terminó convertido en una controversia que ahora está bajo la lupa de los organismos de control. La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa para establecer en qué condiciones fueron alojadas algunas delegaciones que participaron en la Final Departamental de los Juegos Intercolegiados, realizada en Girardota entre el 14 y el 23 de agosto.
La investigación surgió luego de que se conociera públicamente que algunos menores, según la información recibida por el Ministerio Público, habrían tenido que dormir en el piso de un espacio destinado a servicios sanitarios.
La Procuraduría Regional de Instrucción de Antioquia busca establecer si efectivamente ocurrieron estos hechos y determinar quiénes tenían bajo su responsabilidad la planeación, organización, ejecución y supervisión del alojamiento.
El convenio entre INDEPORTES Antioquia y el INDER de Girardota contemplaba recursos por 220 millones de pesos para el alojamiento de unas 5.500 personas. El organismo de control aclaró que la apertura de la indagación no significa que existan responsables determinados: precisamente, el objetivo es esclarecer lo ocurrido.
“Tenemos la conciencia tranquila”: alcalde de Girardota
Frente a la polémica, el alcalde de Girardota, Kevin Bernal, salió en defensa de la administración municipal y aseguró que los recursos destinados a las actividades deportivas no fueron malversados.
“Tenemos la conciencia tranquila. Metimos las patas pero no las manos”, afirmó el mandatario, quien reconoció que pudieron presentarse errores, pero insistió en que Girardota ha sido uno de los municipios del departamento que más ha invertido en deporte.
Bernal aseguró además que la administración municipal está dispuesta a ser auditada y pidió que se revise con detalle el manejo de los recursos.
“Nos pueden auditar perfectamente”, manifestó. El alcalde fue más allá y solicitó a la Contraloría General de Antioquia y a la Personería investigar si algún organismo entregó recursos públicos a la Alcaldía o al INDER Girardota para pagar hoteles a los deportistas.
Su petición busca establecer, según explicó, si existieron recursos para ese propósito, cuál fue su justificación y cómo fue utilizado cada peso.
Girardota pone los recursos bajo la lupa
La controversia también abrió preguntas sobre las responsabilidades que tienen los municipios cuando son escogidos como sede de eventos deportivos departamentales.
INDEPORTES Antioquia ha señalado que, dentro de las condiciones para que los municipios se postulen como sedes, se establece que deben asumir la responsabilidad por el alojamiento de las delegaciones. Para ello, antes de ser seleccionados, conocen la cantidad aproximada de estudiantes que recibirán y deben evaluar si cuentan con la capacidad institucional para garantizar condiciones adecuadas.
El instituto aseguró que está atento a los requerimientos de los organismos de control y que entregará la información necesaria durante la indagación.
Mientras avanzan las investigaciones, el caso deja una pregunta de fondo: ¿cómo es posible que una competencia diseñada para promover el deporte, la convivencia y el desarrollo de niños y adolescentes termine cuestionada precisamente por las condiciones en las que fueron recibidos sus participantes?
La respuesta tendrá que salir de los documentos, los contratos, los testimonios y las investigaciones de los organismos de control.
Este es el contexto de la noticia
¿La Procuraduría ya determinó que hubo irregularidades?
No. El Ministerio Público abrió una indagación previa para verificar si los hechos denunciados ocurrieron y establecer eventuales responsabilidades.
¿Qué sostiene el alcalde de Girardota?
Kevin Bernal afirma que la administración tiene la conciencia tranquila, niega que se hayan malversado recursos y asegura que Girardota ha realizado importantes inversiones en deporte.
¿Qué pidió investigar el alcalde?
Solicitó a la Contraloría General de Antioquia y a la Personería revisar si la Alcaldía o el INDER Girardota recibieron recursos públicos para pagar hoteles a los deportistas y, de ser así, determinar la justificación y destinación de esos recursos.
