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La Contraloría General de la República presentó el balance definitivo de los hallazgos fiscales encontrados en las Entidades Promotoras de Salud (EPS) durante la vigencia de 2020. En su informe, se destacaron tres hallazgos con incidencia fiscal y una indagación preliminar que se mantendrá para continuar el análisis de 5.3 billones de pesos.
"Ayer con el señor contralor en la rueda de prensa se dio a conocer el alcance de lo encontrado que se le hizo a 24 EPS en la vigencia del 2020, se identificaron tres hallazgos con incidencia fiscal y una indagación preliminar que será mantenida para seguir analizando por 5.3 billones de pesos", explicó el contralor delegado para el sector salud, Julián Niño Carrillo, en La FM de RCN.
El contralor delegado detalló que la investigación, que ha estado en desarrollo por casi diez meses, fue llevada a cabo por un equipo multidisciplinario. Este equipo se conformó a partir de un informe previo de la Contraloría, el cual reveló que varias EPS habían mostrado utilidades operacionales.
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"Veníamos en desarrollo de esta actuación, ya hace casi 10 meses se conformó un equipo multidisciplinario frente a un informe previo que había sacado la Contraloría en donde se evidencia que las EPS mostraron utilidades operacionales, desde ahí sale el principio en el que se estructura la actuación, entonces se consolidó este informe y se dio a conocer con lo que se logró encontrar", indicó Niño Carrillo.
Uno de los hallazgos más significativos fue el pago de cartera de vigencias anteriores con cargo a la Unidad de Pago por Capitación (UPC) en el año 2020. La pandemia de COVID-19 y el temor generalizado de la población resultaron en una reducción de los servicios de salud no relacionados con la pandemia.
"El más grande es el pago de cartera de vigencias anteriores con cargo a la UPC, en el 2020 por la pandemia, el temor generalizado que tuvo la población con el Covid-19 hizo que los servicios derivados de la no pandemia se bajaron", afirmó Niño Carrillo.
Además, Niño Carrillo subrayó que la ley permite que los recursos no utilizados en salud puedan ser reincorporados al sistema general de salud, algo que no se estaba cumpliendo correctamente en muchos casos.
"La ley contempla que cuando los recursos de la salud no se utilizan para lo que están destinados, se pueda reincorporar para el sistema general social en salud", señaló.
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El informe también encontró que algunas EPS tenían facturas muy antiguas y que no se identificaba claramente el uso de los excedentes no utilizados en servicios de salud.
"Se entiende que los recursos que no son utilizados se deben reintegrar al sistema, hay facturas muy viejas, y en el caso de presupuestos máximos no se identifica claramente dónde está el uso de esos excedentes que no fueron utilizados en servicios de la salud", concluyó Niño Carrillo.
¿Qué dice el informe de la Contraloría?
La Contraloría General de la República presentó el informe final sobre los hallazgos fiscales en las EPS y las acciones realizadas en el escándalo de la UNGRD.
En el sector salud, el organismo de control identificó tres hallazgos fiscales que suman $6 billones en 24 EPS. El primero corresponde a pagos de servicios de salud de años anteriores, por $5,4 billones, con recursos de la UPC de 2020. El segundo se refiere a fondos cuyo uso no está documentado. Ese mismo año, hubo un excedente de $643.000 millones por concepto de Presupuestos Máximos, pero la CGR no tiene información sobre su destino.
El tercer hallazgo fiscal está relacionado con pagos no vinculados a servicios de salud. "La Nueva EPS destinó $40.000 millones de pesos de créditos bancarios para honorarios de miembros de Junta Directiva, vales de gasolina, anticipos de viajes, clases de yoga y pilates, bonos de regalos, pautas radiales, gastos de nómina, planes complementarios de salud, entre otros, y sus intereses fueron pagados con recursos de la UPC", señaló el contralor.
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Añadió: "Las deudas de las EPS con las IPS no pertenecen ni al Estado ni al sistema, por lo que no deben sufragarse con recursos públicos de la salud. No es aceptable que los recursos de un año se utilicen para pagar deudas privadas de años anteriores, especialmente cuando el riesgo financiero recae sobre las EPS".
