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La FMconoció que la Fiscalía General de la Nación logró establecer que a más de un billón 126.000 millones de pesos ascienden los dineros comprometidos por presuntos hechos de corrupción en contratos en los cuales aparecen implicados funcionarios y exfuncionarios relacionados con las Empresas Promotoras de Salud (EPS).
De igual forma, los fiscales especializados adelantan un total de 26 indagaciones preliminares y otros 35 casos. Los investigadores ya formularon imputación de cargos y se ha avanzado hacia las audiencias de juicio contra los presuntos responsables de desfalcar los recursos del sistema de salud colombiano.
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En los registros judiciales también se señala que, en los últimos cuatros años, los jueces de la República han emitido 22 sentencias condenatorias contra personas vinculadas a temas de corrupción que desarrollaban funciones profesionales en diferentes EPS del país.
“El tema de las EPS preocupa a la institucionalidad. Tenemos algunos investigados como relacionados con Cafesalud, Asmet Salud (Cauca), tenemos otras personas de la Superintendencia de Salud que ya fueron condenadas como la señora Eva Carrascal, tuvo su primera condena y tenemos más personas vinculadas”, así lo señaló a La FMel director especializado contra la corrupción, Eduar Alirio Calderón.
En el informe de la Fiscalía también se destaca una radiografía de las zonas del país de mayor impacto por estos hechos de corrupción en salud, ubicándose en el primer lugar a Bogotá, seguida de los departamentos de Bolívar, Atlántico, Antioquia y Valle del Cauca.
Sostuvo que con apoyo de los fiscales adscritos a la Unidad de Extinción del Derecho de Dominio se indaga de manera simultánea sobre la procedencia de los bienes y activos adquiridos por parte de los representantes y exfuncionarios de las EPS involucrados.
“Están verificando no sólo a los procesados sino a sus núcleos familiares a efecto de establecer si para la fecha de los hechos qué bienes han obtenido e, indudablemente, la unidad de extinción de dominio está en esa recolección de evidencia que permita establecer ese incremento patrimonial injustificado derivado presuntamente de actos de corrupción”, indicó el fiscal Calderón.
¿Cómo defraudan los recursos de la Salud?
La Fiscalía ha detectado como práctica criminal que muchas estas redes de corrupción facturan enfermedades de alto costo sobre personas que nunca han padecido ese tipo de afectaciones a la salud, generando luego cuentas de cobro con sumas cuantiosas al Estado.
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Explicó que otro modus operandi de hacer estas defraudaciones es valiéndose de la falsificación de documentos referentes a las historias clínicas, para luego obtener los millonarios recobros a las EPS.
“Por ejemplo, a una persona que nunca ha tenido ninguna dolencia le aparecieron tratamientos para temas psiquiátricos, sobre atención de cáncer y, cuando verificamos, estamos frente a personas que ni siquiera han tenido una cita de control porque no tienen ese tipo de enfermedades”, dijo el fiscal Calderón.
Añadió que "sin embargo, así las hacen pasar ante las autoridades de salud para que puedan hacer recobros a las EPS y así quedarse con los recursos, ese es el modus operandi que generalmente se repite".
¡Muertos recibiendo medicamentos!
Igualmente, reveló que gracias a los cruces de información que realiza la Contraloría General en el transcurso de las auditorías y cruces de datos adelantadas a las diferentes EPS, ha sido posible detectar los casos de muertos que aparecen en los registros como si estuvieran recibiendo costosos tratamientos para la atención de enfermedades.
También señaló: “Tenemos IPS que aseguraban prestar servicio que nunca se prestaban y ya tenemos condenas a secretarios de salud, por ejemplo, del departamento de Sucre. Y estamos en procesos de verificación sobre otra participación de personas por el pago irregular de atención facturada, pero que realmente nunca se prestó a los usuarios”.
Agregó que algunas de las EPS que están siendo objeto de investigación son Cafesalud, Asmet Salud en el Cauca y Saludcoop. Esta última, a cuyo expresidente Carlos Gustavo Palacino Antía, la justicia le impuso una condena de diez años de prisión.
La Fiscalía prepara nuevas decisiones contra otros representantes y funcionarios de EPS e IPS del país por hacer parte de estos entramados de corrupción que desangran los dineros del sistema de salud colombiano.
