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El superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, entregó uno de los primeros reportes a casi tres meses que la EPS Sanitas fuera intervenida.
El funcionario explicó que, durante el procedimiento, se hizo un diagnóstico con los hallazgos y un plan de trabajo para "corregir los errores" encontrados.
"Mientras la empresa reportaba pérdidas al final del año. En los gastos administrativos y todo decía, al final del año, 'no, estamos en pérdidas y por eso vamos a un riesgo financiero muy importante'. Reportaban esas pérdidas, pero aumentaban los gastos administrativos de maneras injustificadas", señaló Leal.
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Uno de los reportes indicó que la empresa habría gastado más de $104.000 millones en operación de centros médicos. Al respecto, el funcionario advirtió que dichos lugares "se supone que son Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) y funcionan distinto. Las EPS no deben pagar la administración o funcionamiento de los centros médicos, pues para eso paga el gasto médico para que" en dichos lugares "se haga la atención a los pacientes".
En su momento el grupo Keralty, del cual forma parte Sanitas, rechazó la intervención al considerarla "ilegal, desproporcionada y discriminatoria". A través de un comunicado consideró que sus 5.8 millones de afiliados podrían verse afectados con la medida.
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En relación con su sostenibilidad financiera, responsabilizó al Gobierno de no tener en cuenta la concentración del riesgo por afiliado y otros aspectos como la "insuficiencia de las Unidades de Pago por Capitación (UPC)".
Otro de los hallazgos revelados por la superintendencia son que, presuntamente, la EPS pagaba no solo la administración sino el arriendo a los centros médicos con 64 contratos. La cifra ascendía a $4.666 millones mensuales que, en una medición anual, ascienden a $56.000 millones.
A lo anterior, Leal sumó que la entidad habría firmado contratos "innecesarios" sin representar algún beneficio. Como ejemplo colocó a la Sociedad Andrés Murcia Vargas Abogados Asociados.
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