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Después de que fuera aprobado, en primer debate, El proyecto de Ley 198 de 2018, que tiene por finalidad el fortalecimiento de la capacidad institucional de la Superintendencia Nacional de Salud en materia sancionatoria, Acemi, entidad que agremia a las EPS, afirmó que esta medida solo soluciona una parte del problema.
Si bien Acemi asegura que el fortalecimiento de la capacidad sancionatoria de la Supersalud es un paso en la dirección correcta, la entidad afirma que el proyecto de Ley debería establecer que las sanciones sean proporcionales a la gravedad del acto.
Según las EPS, si la medida fuera aprobada sin esta salvedad, “sería una fuente de arbitrariedades y violaciones al debido proceso”.
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¿Qué dice el proyecto de Ley?
Además de buscar el fortalecimiento de la capacidad institucional de la Superintendencia Nacional de Salud en materia sancionatoria, el proyecto de Ley, del cual uno de los autores es el senador Álvaro Uribe, pretende redefinir las competencias de la Superintendencia en materia de reintegro de recursos apropiados o reconocidos sin justa causa
De igual forma, pretende que se adopten medidas que mitiguen "los efectos negativos de los procesos de reorganización en el flujo de recursos y pago de acreencias de las entidades que intervienen en estos, definiendo nuevas competencias en materia contable".
Según se puede leer en el proyecto de Ley, se espera entonces que con las distintas medidas adoptadas en esta iniciativa se contribuya a solucionar los problemas recurrentes en la prestación de servicios de salud que motivan el incumplimiento reiterado de los actores y el uso permanente de la acción de tutela por parte de los usuarios, en atención a la falta de acceso real a servicios de calidad en muchas regiones del país.
Así pues, la Superintendencia Nacional de Salud se enfocaría en la inspección, vigilancia y control en los términos establecidos en la Ley 1122 de 2007 a través de "herramientas que le permitan llevar a cabo una gestión más eficiente".
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La respuesta de las EPS
Acemi les manifestó a los autores de la ley que es importante entender que el aumento de sanciones, “sin un esfuerzo paralelo de aclaración y depuración de las reglas básicas del sistema de salud y un proceso de fortalecimiento institucional de la Superintendencia, solo contribuirá a la paralización en los procesos y al aprovechamiento del caos por parte de los corruptos”.
Gustavo Morales, presidente de la agremiación, afirmó que “los organismos de control y los tribunales han creado un galimatías conceptual y sancionan o absuelven según sus caprichos del día”.
“En un entorno de inseguridad jurídica, los procesos sancionatorios fortalecidos son un regalo para los corruptos, que son los que saben incidir en el funcionario investigador para que opte por la interpretación más conveniente”, concluyó.
