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Luego de que el Departamento de la Función Pública presentara el primer balance sobre la Ley 2013 de 2019 que obliga a 32.958 servidores públicos a revelar la declaración de renta que presentan a la Dian y que solo 10.115 la publicaran a corte del 31 de enero de 2020, RCN Radio encontró un vacío en la interpretación de la norma que justifica a los 22.843 funcionarios que no lo han hecho.
El elemento esencial de la norma, que obliga a todos los funcionarios públicos a divulgar su declaración de renta, tiene como base un desarrollo de lo que fue en su momento el estatuto anticorrupción. Se trata de una norma de 2012 que realmente quedó coja porque en la lucha contra la corrupción, si bien los funcionarios públicos siempre han tenido que informar públicamente sus bienes y rentas, esa divulgación no era contrastada con la declaración de renta.
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Al respecto, Javier Rincón, abogado y profesor de ciencias jurídicas de la Universidad Javeriana, sostuvo que “lo que se debe tener en cuenta es que las declaraciones de renta por sí mismas tienen unos momentos, entonces la interpretación que algunos le han dado a la norma es que como no tiene valor retroactivo, entonces no hay que presentar la declaración de renta del año pasado, sino que se deben presentar las declaraciones de renta hacia adelante”.
Así las cosas, esta norma tiene un vacío teniendo en cuenta que tiene dos interpretaciones.
“Algunos funcionarios dicen que no han presentado su declaración de renta porque todavía no han tenido que realizar esa actuación frente a la Dian, mientras que otros indican que desde el momento en que la ley es publicada todo el mundo tenía que presentar la declaración de renta que tenía vigente en ese momento, es decir que, si la última es la del año 2019 vendrían a ser los ingresos reflejados en el año 2018”, afirmó Rincón.
“La norma quedó tan amplia que dice que una vez se posesiona un funcionario debe presentar su declaración de renta, pero todo el mundo se pregunta si debe presentar la vigente en el momento de la posesión o la del año en que se posesionó, porque si es la del año en que se posesionó usted debe esperar a que se haga el cumplimiento de ese requisito ante la Dian”, argumentó el experto en ciencias jurídicas.
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Por su parte, la senadora de la Alianza Verde y abanderada de la consulta anticorrupción, Angélica Lozano, manifestó que “esta es una excusa charra porque debe ser la declaración de renta actual, que es la última. La ley es muy clara, los servidores públicos de los máximos niveles decisorios tenemos la obligación de publicar algunas piezas de información privada, por ejemplo, los conflictos de interés, la declaración de impuestos y el registro de bienes. Esto implica hacerlo antes de la posesión o cuando ya se está en el cargo, de modo que la ley es clara y no se puede evadir ni dilatar, toca cumplirla ya, quienes ya están en un cargo tienen que cumplir con esta ley en la plataforma de la Función Pública”.
Cabe resaltar que la renta se declara entre agosto y septiembre de cada año. Sin embargo, -de acuerdo a la ley- los funcionarios públicos que no presenten su declaración de renta están incumpliendo un deber y este incumplimiento es una falta disciplinaria que podría ser sancionada por la Procuraduría General de la Nación.
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“Es un deber inherente a la función pública cumplirlo, en caso de los congresistas primero opera la Comisión de Ética del Congreso y segundo la Procuraduría está facultada ante todos los servidores públicos, para actuar ante el incumplimiento de ley, como esta”, indicó la congresista.
Por último, Lozano aseguró que “hacer pública la declaración de renta de los servidores públicos ha sido en varias partes del mundo como Estados Unidos, Chile o Argentina, esa información si bien es privada, reporta la información tributaria de los servidores públicos. Nosotros lo propusimos para los de elección popular porque ahí debe haber consistencia entre los deberes ciudadanos y los ingresos de los servidores de elección popular”.
