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El contrato 959-2026 tendría un valor de hasta $240.352 millones. Lo firmarían el Fondo Rotatorio de la Cancillería, representado por su secretaria general, Gina Paola González Grau, y la Unión Temporal Documentos de Viaje 2027.
Según el proyecto de minuta del Grupo Interno de Trabajo de Licitaciones y Contratos, la unión temporal está conformada por Thomas Greg & Sons de Colombia, con el 68 %; Thomas Greg & Sons Limited de Guernsey, con el 3,1 %, y Thales Colombia, con el 28,9 %. El encargo incluye fabricar las libretas de pasaporte, personalizarlas, guardarlas, distribuirlas e imprimir las etiquetas de visa. El contrato queda formalizado cuando ambas partes lo firmen electrónicamente en el SECOP II.
Gobierno explica por qué escogieron a Thomas Greg de nuevo
“La Unión Temporal Documentos de Viaje 2027, integrada por Thomas Greg & Sons de Colombia S.A. y Thales de Colombia S.A., presentó una propuesta que frente a las condiciones de disponibilidad y de capacidad jurídica, técnica y financiera eran necesarias para garantizar la prestación de este servicio”. El canciller Omar Bula precisó el alcance del acuerdo “Quiero ser muy preciso en este punto. Esta es una solución temporal. Queda claro que nuestra responsabilidad como gobierno con los colombianos es permanente”.
Sobre el siguiente paso, el canciller Omar Bula anunció: “Mientras garantizamos la prestación actual del servicio, avanzamos simultáneamente en la estructuración de una nueva licitación y en la definición de un cronograma que nos permita asegurar esa continuidad una vez concluido este contrato”. Frente a los controles, añadió que “La Procuraduría General de la Nación acompañó este proceso en el marco de sus competencias y la Contraloría General de la República seguirá acompañándolo en el futuro”.
El Freno del Tribunal al Modelo de Petro
El 2 de septiembre de 2026, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante el Auto 504-09-2026, dejó en pausa el esquema de pasaportes que puso en marcha el gobierno de Gustavo Petro. La medida cobijó el Convenio Interadministrativo Específico 001 de 2025 y el Contrato Interadministrativo CI-005 de 2026, firmados entre el Fondo Rotatorio de la Cancillería y la Imprenta Nacional. En la misma decisión, el Tribunal le ordenó al Ministerio mantener el servicio sin interrupciones.
El Fondo Rotatorio oficializó la urgencia manifiesta el 17 de septiembre, mediante la Resolución 12973. Esa figura permite contratar de forma directa cuando no hay tiempo para un proceso de selección ordinario. La minuta registra la cronología: el 22 de septiembre la entidad pidió cotización a Thomas Greg & Sons de Colombia, la empresa cotizó el 28 de septiembre y la unión temporal presentó su propuesta el 14 de octubre.
Cuánto costaría y con qué recursos
Según la cláusula cuarta del contrato, $32.025 millones saldrían del presupuesto de 2026 y $208.327 millones del de 2027. Para comprometer el dinero de 2027 se necesitaba un permiso especial llamado vigencias futuras. La Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda lo autorizó el 23 de octubre, con recursos propios del Fondo Rotatorio.
El Anexo 2 fija los precios que la Cancillería le pagaría al contratista. Cada libreta de pasaporte ordinario costaría $67.835, y su personalización, custodia y distribución, $42.316, ambos con IVA. Son los mismos valores de vigencias anteriores, sin reajuste. La cifra total es un tope: la entidad la calculó con el precio del pasaporte ordinario, que representa el 98,35 % de la demanda, y solo pagaría lo que efectivamente se entregue.
Un contrato con fecha de salida
La cláusula tercera fija como plazo máximo el 17 de diciembre de 2027, fecha en que se cumplen los 15 meses de la urgencia manifiesta. Según la cláusula vigésima cuarta, el contrato terminaría en la fecha que ocurra primero entre tres posibilidades: ese plazo máximo, que el Tribunal levante la suspensión y el servicio se restablezca por la vía ordinaria, o que empiece a operar un nuevo prestador escogido por la Cancillería.
Si el contrato termina porque se levanta la suspensión, la Cancillería pagaría solo lo ejecutado, sin indemnización. La minuta deja constancia de que hoy no hay prestador en ejecución y de que la entidad atiende la demanda con el inventario disponible. La etapa de implementación tomaría hasta 20 días hábiles. Una vez firmado, el contrato debe enviarse a la Contraloría General de la República.
Preguntas clave:
¿Por qué la Cancillería contrata de manera directa?
El Tribunal de Cundinamarca dejó en pausa el esquema que el gobierno de Gustavo Petro montó con la Imprenta Nacional, y ordenó que la expedición de pasaportes siguiera funcionando. Según la minuta, el Fondo Rotatorio declaró la urgencia manifiesta porque era materialmente imposible hacer un proceso ordinario de selección en el tiempo disponible.
¿Quién haría los pasaportes?
Según la minuta, la Unión Temporal Documentos de Viaje 2027. Thomas Greg & Sons suma el 71,1 % de la participación entre su empresa colombiana y su filial de Guernsey, y Thales Colombia tiene el 28,9 %. El transporte de las libretas estaría a cargo de Thomas Greg Express, una empresa que no hace parte de la unión temporal y que el contrato autoriza como subcontratista.
¿Cambian los precios que paga la Cancillería por cada pasaporte?
El Anexo 2 establece que los precios son fijos y que corresponden a los mismos valores de vigencias anteriores: la libreta ordinaria costaría $67.835 y su personalización $42.316, IVA incluido. El anexo precisa que no habría incrementos ni costos adicionales durante la ejecución. El documento no fija la tarifa que pagan los ciudadanos por el trámite.
¿Hasta cuándo iría el contrato?
La cláusula tercera fija como límite el 17 de diciembre de 2027. El contrato podría terminar antes por dos vías previstas en la cláusula vigésima cuarta: que el Tribunal levante la suspensión y el servicio se restablezca por la vía ordinaria, o que la Cancillería escoja un nuevo prestador en un proceso de selección y este empiece a operar.
