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El nombramiento de Juan Carlos Florián Silva como ministro de la Igualdad en la administración de Gustavo Petro incumplió la Ley de Cuotas y las normas sobre equidad de género en los cargos estatales. Así lo determinó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca al estudiar tres demandas contra la designación.
Aunque actualmente Florián no es jefe de cartera, el Decreto 892 de 2025 con el que el presidente Gustavo Petro lo erigió es susceptible del control de legalidad del Tribunal. Los cálculos son claros: con el activista en el cargo, el Gobierno no garantizó la participación de un 50% de mujeres en el gabinete ministerial.
Como el Ejecutivo cuenta con diecinueve ministerios y la mitad del número no es un número exacto —9,5, un decimal—, se requieren al menos diez mujeres para cumplir con la cuota. La presencia de Florián en la Casa de Nariño reducía la participación femenina a un 47,6%, un porcentaje inferior al que exigen las normativas.
“El nombramiento cuestionado fue adoptado sin observar el contexto estructural de desigualdad que persiste en el acceso de las mujeres a los cargos de máximo nivel decisorio en el Gobierno nacional”, subrayó el Tribunal, por unanimidad, en un fallo de 102 páginas con ponencia de la magistrada Claudia Elizabeth Lozzi Moreno.
Seis meses atrás, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca apartó del cargo a Juan Carlos Florián, como medida cautelar, mientras analizaba una demanda —en un expediente que luego acumuló dos más— que pedía sacarlo permanentemente por el incumplimiento del Gobierno de las normas de paridad de género.
La renuncia de Juan Carlos Florián y los movimientos del gabinete para recomponer la paridad
Florián renunció el 15 de septiembre, después de la decisión judicial. Con varias tramas políticas de por medio, el presidente Petro lo ratificó el 17 de septiembre en el Ministerio de la Igualdad, el mismo día en que aceptó su dimisión y designó a Angie Lizeth Rodríguez como ministra interina.
Con el politólogo como ministro, la composición del gabinete era de diez hombres y nueve mujeres, un esquema que cambiaba con Rodríguez como encargada.
A lo largo de aquel miércoles la Presidencia publicó en su portal de aspirantes la hoja de vida de la viceministra de Transformación Digital, Yeimi Murcia, como próxima ministra de las TIC, una semana después de que el jefe de Estado aceptara la renuncia de Julián Molina.
Se esperaba un remezón ministerial luego de que el Legislativo se decantara por el ex defensor del pueblo Carlos Camargo en vez de María Patricia Balanta. Petro pidió la renuncia del ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, y de la ministra de Comercio, Diana Morales, quienes finalmente se quedaron en sus cargos.
Molina fue el único en retirarse. Su reemplazo fue una mujer, con lo que el Ejecutivo volvió a tener a mujeres en su mayoría y pudo conservar a Florián como ministro. Aunque el exactor porno intentó definirse ante la justicia como alguien de género fluido, en su hoja de vida sostuvo que su género es masculino.
Los argumentos del Tribunal y el debate sobre identidad de género
El Tribunal Administrativo fue más allá, y constató que en la cédula de ciudadanía reportó su sexo como “M”, Masculino, igual que en el concepto médico ocupacional. Incluso, en los antecedentes del nombramiento, el Departamento Administrativo de la Presidencia indicó en mayúscula sostenida que “no cumple ley de cuotas”.
“Pese a que el nominador conocía la falta del cumplimiento del requisito de la Ley de cuotas, procedió con la designación del señor Juan Carlos Florián Silva (...), sin tener en cuenta que (...) no se estaba garantizando la participación mínima del 50% de las mujeres en las carteras ministeriales”, zanjó la Sección Primera.
Cuando la demanda en su contra comenzó a avanzar, Florián insistió en referirse a sí como "persona ministra", no como ministro, y como alguien con una "construcción identitaria no hegemónica". La Presidencia, por su parte, lo describió como "una persona con identidad de género fluida".
El Tribunal Administrativo no avaló los argumentos y suspendió a Florián provisionalmente. El presidente Petro cuestionó la determinación, tachándola de "homofóbica", aunque el ente judicial no se refirió a la orientación sexual del ex jefe de cartera.
La agencia de Equidad está en vilo. La Corte Constitucional declaró inexequible en 2024 la ley que la creó, y le dio al Congreso dos años para tramitarla nuevamente mientras el ministerio seguía funcionando, si bien su ejecución presupuestal ha mejorado poco. Si el Legislativo no cumple, la cartera desaparecerá del todo.
