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Ocho meses después de que la Procuraduría General de la Nación le pidiera a la justicia colombiana suspender el giro de 1,3 billones de pesos que el Estado le prometió a Portugal para implementar el nuevo modelo de fabricación de pasaportes, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó la solicitud.
El magistrado José Élver Muñoz, el ponente de uno de los dos expedientes que avanzan lento en la corporación, aseguró que, si Colombia no le paga a la Casa de la Moneda portuguesa, existe un “riesgo cierto de afectación al servicio público de expedición de pasaportes” y a los derechos que la entidad europea adquirió “de buena fe”.
“No se demostró un perjuicio irremediable ni que los efectos de la sentencia serían nugatorios, en tanto el régimen legal de restituciones derivado de una eventual nulidad opera con independencia de que se decrete o no la medida cautelar”, añadió el togado. Es decir, si el Tribunal suspende provisionalmente el convenio o lo tumba definitivamente, el Estado podría enfrentar demandas que saldrían más costosas.
La Casa de la Moneda intentó anular todo el proceso, pero el Tribunal lo denegó el 30 de junio. Dos semanas después, la sociedad se opuso a la medida cautelar. La Procuraduría buscaba desde noviembre de 2025 la suspensión del pago comprometido, y el expediente se estancó entre recursos y trámites largos.
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