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La saliente ministra de Ambiente, Susana Muhamad, fue requerida por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas, por incumplir un fallo de tutela que obliga a responder las inquietudes a los habitantes de la provincia de Soto Norte.
El Juzgado le dio además un plazo de 48 horas a la funcionaria para que cumpla el fallo porque de lo contrario podría ser sancionada con arresto de seis meses y una multa hasta de 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes que equivalen a $28 millones 400.000.
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Ivonne González, líder minera de Vetas, Santander, indicó que “esta orden de cumplimiento y anuncio nos da la razón sobre todo lo que hemos denunciado; es evidente que la ministra de Ambiente ha violado nuestros derechos fundamentales de más de 35.000 personas que se verán afectadas por la implementación sin concertación de una zona de reserva por fuera del Páramo de Santurbán”.
González señaló que la funcionaria pretende borrar 450 años de vocación minera y arraigo cultural, con una resolución que no ha sido concertada, que desconoce sentencias de la Corte Constitucional, que no tiene sustento técnico suficiente y sumado a ello viola el Acuerdo de Escazú.
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La acción de tutela fue presentada en noviembre del año 2024, porque la ministra no ha proporcionado respuestas claras a las preocupaciones de la comunidad minera sobre áreas de reserva cerca de Santurbán.
De acuerdo con las denuncias realizadas desde la región cercana al páramo, por lo menos seis municipios resultarían afectados ante la limitación en sus actividades económicas y legales en por lo menos el 98 por ciento del territorio.
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Se trata de California, Vetas, Suratá, Matanza, Tona y Charta, además del 30 por ciento del área rural de Bucaramanga, los quedarían gravemente afectados, situación que además generaría un grave desplazamiento.
