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La participación política de las Farc, que era uno de los temás más polémicos, recibió el visto bueno de los congresistas que respaldaron este artículo tal y como lo indicó la Corte Constitucional en su fallo.
Es decir, los desmovilizados tendrán que presentarte ante el Tribunal de Paz y manifestar su verdadero compromiso con lo acordado y con la reparación de las víctimas para poder posesionarse en el Congreso.
Sin embargo, dependiendo de la compatibilidad de la sanción impuesta en la JEP, podrán o no seguir ocupando sus cargos de elección popular.
El ministro del Interior, Guillermo Rivera, dijo que “se precisó que las sanciones alternativas y ordinarias, que son las que se pagan en cárcel, son incompatibles con la ocupación de un cargo de elección popular”.
También se le dio vía libre al régimen de inhabilidades para los magistrados de la nueva jurisdicción, impulsado por Cambio Radical y con el respaldo del fiscal general.
El senador Germán Varón Cotrino explicó que esto impediría que varios de los funcionarios ya elegidos se posesionen en sus cargos por incurrir en varias causales de incompatibilidad.
“Haber litigado, durante los 5 años anteriores, en causa propia o ajena a favor o en contra del Estado, haber generado demandas en contra o a favor del Estado, haber representado a grupos de derechos humanos de derechos humanos en contra de intereses del Estado por ejemplo”, indicó.
Varón aclaró que las opiniones personales u ideologías expresadas por los magistrados de la JEP se considerarán en la mayoría de los casos como impedimentos y no como inhabilidades.
Aunque el artículo que permitía a los parapolíticos recuperar sus derechos y eventualmente regresar al Congreso no obtuvo las mayorías suficientes y quedó sin reglamentación, esa posibilidad quedó vigente con la exequibilidad de los artículos 10 y 11 del acto legislativo de la JEP.
El senador Juan Diego Gómez afirmó que “el articulo 11 y 12 transitorios del acto legislativo 01 así lo establecen y la Corte en su fallo lo ratifica, pero lo que buscaba la ley estatutaria era evitar arbitrariedades o que tengan que acudir al juez de tutela como ocurrió en el caso de Diego Palacio”.
En el tema de terceros, los senadores acogieron lo dicho por la Corte Constitucional en su fallo para que la comparecencia de los civiles sea voluntaria y no obligatoria para quienes sean determinantes en el conflicto.
El senador Iván Cepeda dijo que “con esta decisión, los terceros quedan expuestos a que eventualmente la Corte Penal Internacional tome competencia sobre sus casos en Colombia”.
También se le dio visto bueno a las garantías para los integrantes de la Fuerza Pública y habrá responsabilidad de mando tanto para ellos como para los miembros de las Farc.
El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, aseguró que “desde el punto de vista de los agentes del Estado tenemos plena tranquilidad con lo que se ha aprobado, es lo que se acordó y es lo diseñado con la participación del mando y las Fuerzas”.
La senadora Maritza Martínez afirmó que “pueden ir a la JEP o a la Justicia Ordinaria, pero siempre en una u en otra se aplicarán las penas actuales que están en 16 a 30 años y no de 5 a 8 años como contempla la JEP”.
El presidente del Congreso, Efraín Cepeda, destacó la aprobación de la JEP y dijo que esto demuestra que le están cumplimiento a la implementación del acuerdo de paz.
“El Senado sigue acompañando el proceso de paz y la Jurisdicción Especial es la columna vertebral y fue fundamental el fallo de la Corte Constitucional que despejó muchas dudas”, manifestó.
La ley estatutaria de la JEP está ahora en manos de la plenaria de la Cámara de Representantes.
Finalmente, fue aprobado un artículo nuevo que sanciona con penas de hasta 30 años a los guerrilleros que se acojan a la JEP y sean hallados responsables de delitos sexuales contra los niños.
