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Los representantes a la Cámara José Jaime Uscátegui y Heráclito Landino expusieron posiciones frente a la seguridad en Bogotá y la posibilidad de militarización, en un intercambio centrado en el papel de las Fuerzas Militares y las estrategias para enfrentar la criminalidad, respondiendo a la pregunta de Rounds FM: ¿Se debe militarizar Bogotá ante la crisis de seguridad?
El representante José Jaime Uscátegui afirmó que esta figura “es una figura legal” contemplada en la normativa vigente y que puede aplicarse de manera excepcional ante situaciones graves. El congresista señaló que existen hechos que justificarían esta medida, mencionando “sicariatos, arsenales de guerra del ELN en Usme y el asesinato de funcionarios”. En ese sentido, sostuvo que el alcalde tiene la facultad de solicitar apoyo del Ejército en circunstancias específicas.
¿Debe ser militarizada Bogotá?
Uscátegui también cuestionó la ausencia de miembros del Pacto Histórico en una reunión sobre seguridad, indicando que “no quisieron asistir a una reunión importante” con autoridades locales y congresistas. Según su planteamiento, estos espacios buscan definir acciones frente a la situación actual.
Además, expresó que existe una contradicción en el uso de la fuerza pública al afirmar que “el Ejército protege a altos funcionarios en colegios pero no a los ciudadanos del común”. Esta afirmación fue presentada como parte de su argumento a favor de ampliar el rol militar en la ciudad.
Por su parte, el representante Heráclito Landines manifestó su desacuerdo con esta propuesta. Señaló que las Fuerzas Militares tienen funciones definidas y que “fueron concebidas para cuidar la integridad territorial y la soberanía”, no para tareas de control urbano.
En su intervención, indicó que no corresponde a los militares asumir labores de patrullaje o convivencia, al considerar que estas funciones pertenecen a la Policía. También expresó reparos frente a escenarios en los que la ciudad sea tratada como un espacio de confrontación.
¿Qué propuestas plantean los congresistas frente a la inseguridad en Bogotá?
Uscátegui sostuvo que la situación de criminalidad involucra estructuras de alto impacto. Indicó que “no son bandas de barrio”, sino organizaciones con capacidad armada, incluyendo “fusiles y granadas”, lo que, según dijo, exige una respuesta distinta por parte del Estado.
En ese contexto, propuso que el Ejército participe en patrullajes conjuntos en zonas específicas, especialmente ante el déficit de pie de fuerza policial. También planteó que, de no utilizarse la capacidad estatal, debería considerarse “flexibilizar el porte legal de armas” para ciudadanos.
Frente a esta idea, Landines expresó su rechazo y afirmó que armar a la población sería retroceder a escenarios que comparó con el “viejo oeste” o la “época de las cavernas”. En su posición, la seguridad debe centrarse en el trabajo institucional. El congresista enfatizó que la estrategia debe basarse en “el conocimiento, la información y la inteligencia” de la Policía Nacional, a la que describió como un cuerpo civil encargado de la seguridad urbana.
Adicionalmente, cuestionó la realización de reuniones a puerta cerrada en medio del contexto electoral, indicando que es preferible esperar nuevos escenarios institucionales para adelantar discusiones abiertas con la ciudadanía.
En otro punto del debate, Uscátegui criticó la gestión en materia carcelaria y afirmó que no se han construido centros de reclusión pese a la disponibilidad de predios. También señaló que no se cumple el estándar de “un policía por cada 300 habitantes”.
El representante vinculó el aumento de ciertos delitos con decisiones del Gobierno, señalando que la ciudad enfrenta “más sicariato, guerrilla y cocaína”. Estas afirmaciones fueron presentadas como parte de su análisis sobre la situación actual.
Finalmente, Landines defendió la legitimidad de su colectividad y rechazó señalamientos en su contra. Afirmó que “no se puede señalar de terrorista” a un sector político y pidió responsabilidad en el uso del lenguaje dentro del debate público.
También hizo referencia a antecedentes históricos al indicar que las cooperativas de seguridad “Convivir fueron autorizadas por ley”, precisando que estas decisiones corresponden a otros periodos de gobierno.
