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La discusión sobre la restricción del parrillero en motocicleta volvió al centro del debate público en Bogotá, esta vez en el espacio radial Rounds FM, donde dos voces con posturas opuestas confrontaron argumentos sobre una medida que históricamente ha generado polémica en la ciudad.
De un lado, el concejal de Cambio Radical Rolando González, defendió la necesidad de aplicar restricciones focalizadas como herramienta para combatir el delito. Del otro, Alejandro Rubio Sabogal, presidente de la Asociación de Motociclistas de Colombia (Asomocol), rechazó la medida al considerarla ineficaz y perjudicial para miles de familias que dependen de la motocicleta como medio de subsistencia.
Seguridad vs. movilidad: los argumentos en disputa
El debate inició con una postura tajante de Rubio Sabogal, quien aseguró que la restricción al parrillero “no ha funcionado” en otras ciudades del país. Según explicó, la medida no ataca el problema de fondo y termina afectando a los ciudadanos que usan la motocicleta por necesidad. “Las personas se mueven en moto por tiempo, por seguridad. Entonces, no soy amigo. Definitivamente el pico y placa no traía ningún beneficio para la ciudad”, afirmó.
En contraste, González planteó que la discusión no debe centrarse en una prohibición general, sino en restricciones específicas por zonas. “Más que prohibir, se trata de restringir el uso de las motocicletas en diferentes polígonos de la ciudad”, explicó, al tiempo que sostuvo que “de cada 10 delitos denunciados, nueve son cometidos por personas que van como acompañantes en moto”.
Rubio Sabogal respondió cuestionando la efectividad de este tipo de medidas y citó el caso de Cali como ejemplo. “Hace 18 años hay restricción para hombre mayor de 12 años y no ha pasado nada con la delincuencia”, señaló, agregando que la inseguridad persiste a pesar de estas limitaciones. En su concepto, “la solución no es la restricción a la motocicleta”, sino el uso de tecnología y acciones más directas contra las estructuras criminales.
Tecnología, control y efectos económicos
Uno de los puntos de coincidencia parcial entre los participantes fue la necesidad de fortalecer el uso de herramientas tecnológicas para combatir el crimen. González reconoció fallas en este frente y aseguró que es clave mejorar la infraestructura de vigilancia. “1.879 cámaras están fuera de servicio y la cobertura de videovigilancia es solo del 23%”, indicó, al tiempo que propuso implementar sistemas de lectura de placas para identificar delincuentes.
No obstante, Rubio Sabogal insistió en que las restricciones afectan directamente a los sectores más vulnerables. “Van a afectar seriamente los ingresos de las familias de menos escasos recursos económicos que trabajan con la motocicleta”, advirtió. Además, cuestionó la viabilidad de establecer excepciones para ciertos trabajadores, argumentando que la informalidad en la ciudad dificulta cualquier sistema de identificación.
El representante de Asomocol también lanzó críticas más amplias sobre la gestión de la seguridad, al señalar presuntas inconsistencias en zonas con presencia policial. “Donde están los mayores focos de delincuencia están cerca de algunas estaciones centrales de policía”, afirmó, planteando interrogantes sobre la efectividad institucional.
¿Medida disuasiva o solución insuficiente?
En su intervención final, González defendió la restricción como una herramienta complementaria dentro de una política más amplia de seguridad. “No se trata de criminalizar al motociclista”, aclaró, y enfatizó que la medida sería temporal, focalizada y sujeta a evaluación periódica. Según dijo, en experiencias anteriores se ha logrado “reducir hasta en un 30% los delitos en la zona donde está implementado”.
Rubio Sabogal, por su parte, reiteró su rechazo y llamó a explorar alternativas que no limiten el uso de la motocicleta. “Aquí hay que buscar otras alternativas”, concluyó, insistiendo en que el problema de la inseguridad no puede trasladarse a los ciudadanos que utilizan este medio de transporte.
El debate dejó en evidencia una tensión persistente en Bogotá: cómo equilibrar las estrategias de seguridad con las necesidades de movilidad y sustento de miles de ciudadanos, en medio de una problemática que sigue sin una solución definitiva.
