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El pasado martes 13 de diciembre,el presidente de la República Gustavo Petro sancionó la reforma tributaria para la Igualdad y la Justicia Social, que fue aprobada por el Congreso el pasado 17 de noviembre.
La reforma que tiene como objetivo principal atender la deuda social histórica que tiene el Estado con los más vulnerables, de la mano de la responsabilidad fiscal, buscará recaudar $19,7 billones en 2023 y un promedio de $20 billones en los siguientes tres años.
Según el mandatario, la mayoría de estos recursos se destinarán al gasto social,se priorizará la lucha contra el hambre y la pobreza, la educación, la salud, la protección del medio ambiente, la transición energética, el desarrollo productivo y la economía popular, así como la sostenibilidad de las finanzas públicas.
De acuerdo a la ponencia, el texto utiliza cuatro palabras para definir las características de esta: "progresividad, equidad, eficiencia y suficiencia".
Así mismo, se conocen algunos de los puntos principales que sancionará hoy el presidente Petro.
La renta y el patrimonio de los más ricos
La renta sobre las personas naturales es uno de los puntos centrales de la reforma, con el que se busca mejorar la equidad vertical y horizontal. Lo que estipula el texto es que paguen más los que tienen más ingresos y riqueza y que quienes tienen una misma capacidad de pago contribuyan en términos similares.
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Renta de Personas Naturales
Respecto a esto, afirman que la recaudación de Colombia es, con base en cifras de 2020, cerca de seis veces más baja que la del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE): ese año ascendió a 1,3% del PIB contra 8%.
Las propuestas vinculadas a la renta personal lograrían que, según las proyecciones del Gobierno, la franja con mayores ingresos (140 millones de pesos brutos en adelante, unos US$ 32.400) tributen un 9,3% más con la reforma.
"El mayor aumento es solamente para unas 34.000 personas", dijo el ministro de Hacienda, describiendo a esta franja como "34.000 ultraprivilegiados" del sistema tributario.
Impuesto al patrimonio
La reforma plantea un impuesto permanente al patrimonio que mejoraría la progresividad según el texto. Aquellos con un patrimonio mayor a 3.000 millones de pesos colombianos pagarían un 0,5 y el valor se duplicaría a 1% para las personas cuyo patrimonio supere los 5.000 millones.
Las empresas
El texto plantea que se eliminen beneficios tributarios "asimétricos" que reciben solo algunos sectores o territorios y que se establezca un máximo a los beneficios que pueden obtener las empresas.
Impuestos vinculados a la transición energética
El gobierno Petro hace una fuerte apuesta a reducir la dependencia de los combustibles fósiles y avanzar en la transición hacia energías más limpias.
En esta línea, el proyecto propone modificar el impuesto al carbono para gravar la venta, importación y retiro del carbón térmico. Para evitar "efectos indeseados" en la generación de energía, plantea una implementación gradual de una tarifa que aumentaría de manera sostenida hacia 2028.
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El IVA
La reforma elimina los "días sin IVA", tres jornadas al año que, a partir de 2020, eliminaban el impuesto sobre las ventas en ciertos productos. El objetivo de esta medida era fomentar la economía a través del gasto.
Sin embargo, hay un debate sobre los beneficios. El texto destaca tres argumentos: reduce los ingresos por concepto de IVA, puede ser regresiva ya que los hogares con más ingresos son los que gastan más y, según la literatura especializada, medidas de este tipo no aumentan el consumo porque lo que hacen es que la gente simplemente espere hasta que esté el beneficio para efectuar sus compras.
Propuesta de "impuestos saludables"
Las bebidas azucaradas, los alimentos ultraprocesados y los que tienen grandes cantidades de azúcares añadidos son uno de los capítulos más relevantes de la reforma, pues, a través de los impuestos, se busca desincentivar el consumo y obtener recursos para las necesidades del sistema de salud vinculadas a las enfermedades que se relacionan con estos alimentos.
Las bebidas azucaradas con entre cuatro y ocho gramos de azúcar por cada 100 ml pagarían un impuesto de 18 pesos colombianos por esa cantidad, y la cifra aumentaría a 35 a partir de los 8 gramos.
En el caso de los alimentos ultraprocesados y con exceso de azúcares añadidas, se plantea un impuesto del 10% sobre el precio de venta.
De acuerdo a un abecé que compartió el Gobierno hecho con información del Ministerio de Hacienda y Crédito Público sobre esta reforma, se conocieron los siguientes detalles:
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¿Cuál será la fuente de ingresos de la reforma tributaria?
Personas con mayor capacidad contributiva, quienes tengan ingresos mayores a $13 millones mensuales, pagarán más impuesto de renta. De acuerdo a lo explicado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, más de dos terceras partes del recaudo adicional de este impuesto provienen de los contribuyentes con ingresos superiores a $20 millones mensuales.
Sector minero-energético
Se establece una sobretasa para la extracción de carbón y petróleo que dependerá de los precios internacionales; será del 5% o 10% para carbón; y del 5%, 10% o 15% para el petróleo.
En el caso del petróleo, para 2023, la sobretasa será de 5% si el precio es mayor a USD 67 por barril; de 10% si el precio supera USD 75; y de 15%, si el crudo de referencia Brent es mayor a USD 82.
Fin de lo beneficios tributarios
Se planteó la reducción de algunos beneficios tributarios específicos para algunos sectores y regiones. Además, se depuraron los no estratégicos, racionalizándolos a las actividades que constituyen prioridades de política pública en los territorios.
Impuestos saludables y ambientales
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Además de los impuestos a las bebidas azucaradas y los alimentos ultra procesados, se han establecido gravámenes al carbono y los plásticos de un solo uso.
Más inversiones, menos evasiones
La ponencia de la reforma establece una reducción de los montos, a partir de los cuales la evasión se vuelve un delito, es decir que las personas naturales o jurídicas que ahora tengan ingresos superiores a $1.000 millones en activos o pasivos que no reporten incurrirán en sanciones establecidas en la ley.
Además, las condiciones para la prescripción penal de la evasión se volverán más restrictivas.
