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Ya fue radicado en el Congreso de la República el acto legislativo con el cual se pretende acabar las funciones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el 2028, haciendo que su periodo de 10 años establecido en la Constitución, sea improrrogable.
El proyecto busca que después de marzo del 2028, todos los procesos que queden pendientes, especialmente los que están en etapa de juzgamiento, pasen a manos de la justicia ordinaria, que tendría que implementar el mismo sistema de justicia transicional para tomar las decisiones, pero sin el aparato burocrático que representa la JEP.
Según Gómez, esta propuesta le ahorraría al país alrededor de 900.000 millones de pesos al año, que es lo que vale mantener el funcionamiento de dicha entidad.
“Esta es una solución que le puede llegar a ahorrar al año al país cerca de 900.000 millones que hemos propuesto, en concierto con la rama judicial, entren a aliviar graves rezagos presupuestales que tiene la rama Judicial ordinaria en todas sus especialidades”, indicó.
“Se mantienen jueces de la República más baratos de operar y le puedo garantizar que trabajan muchísimo más, jueces que de verdad fallen, porque en ocho años llevan cuatro fallos. Uno de los problemas de fondo es que quienes están sometidos a la JEP no le resuelven nunca su situación jurídica y no pueden seguir adelante con su vida”, añadió.
Funcionarios y contratistas
Dijo que actualmente la JEP tiene alrededor de 1.460 funcionarios de planta y más de 1.200 contratistas, cuya labor aún no es muy clara. “Uno no puede tener una entidad que tenga casi la misma cantidad de cargos en nómina paralela que en planta, esa es una ofensa a los contribuyentes y a los ciudadanos”.
¿Sustitución de la Constitución?
Al ser preguntado sobre si este proyecto podría ser inconstitucional, por una posible sustitución de la Constitución, Enrique Gómez respondió que “las burocracias se blindan”.
“Esa tesis que esto está en un macro bloque de constitucionalidad, sometido al derecho internacional público, eso es carreta, eso es un pedazo de la Constitución y algo que salió mal y que necesita ser corregido dándole todas las garantías a la continuidad del sistema de justicia transicional”, explicó el congresista.
La propuesta cuenta con el respaldo de los congresistas de Salvación Nacional y de otros partidos políticos, pero aún no se sabe si el Gobierno de Abelardo De La Espriella también le dará un espaldarazo.
