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El presidente Gustavo Petro fue designado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC) en la denominada Lista Clinton, lo cual implica el congelamiento de sus activos bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición para personas y entidades de ese país de realizar transacciones con él.
Esta medida, enmarcada en los regímenes de sanciones financieras dirigidas, busca prevenir la utilización del sistema financiero con fines ilícitos y responde a supuestos de apoyo material a organizaciones o actividades vinculadas con el narcotráfico o la corrupción, conforme a la legislación estadounidense sobre sanciones.
El profesor Juan Nicolás Garzón, del programa de Relaciones Internacionales de la Universidad de La Sabana, y el abogado Daniel Rodríguez, socio de CMS Rodríguez-Azuero, analizaron en La FM las repercusiones políticas, personales y jurídicas que tiene la inclusión del jefe de Estado colombiano en esta lista.
“Una medida de presión política que deteriora las relaciones bilaterales”
Garzón calificó la inclusión como “una medida de presión política, sin lugar a dudas, y además bastante grande”. Según el académico, la decisión no solo afecta la imagen institucional del presidente, sino también su entorno más cercano. “Al incluir a miembros de su propia familia, esto genera unas implicaciones tremendas y exacerba la presión. Trata de arrinconar la figura del presidente y enfría aún más la relación bilateral entre Colombia y Estados Unidos”, advirtió.
El experto en relaciones internacionales destacó que el impacto es doble: personal y político. “Es un mecanismo a través del cual se está desacreditando a alguien, y es un descrédito muy grande. Además, en estos casos se invierte la carga de la prueba: ahora es Petro quien tiene que demostrar que no está vinculado al narcotráfico o a la financiación ilícita”, señaló.
Garzón agregó que salir de esta situación “es como un hoyo negro del cual se puede salir, pero con dificultad”, pues el daño reputacional es inmediato. “Estamos en periodo preelectoral y esto va a llegar al debate político. Las fuerzas cercanas a Petro usarán esta inclusión para denunciar una injerencia norteamericana y presentarlo como una víctima de persecución imperialista, mientras que la oposición lo señalará como responsable del deterioro de las relaciones bilaterales”, explicó.
En el plano internacional, el académico advirtió que la inclusión de un jefe de Estado en esta lista “es un golpe para la imagen del país”. “Independientemente de que las acusaciones estén demostradas o no, es completamente inconveniente para Colombia tener a su presidente señalado de vínculos con el narcotráfico. Además, puede interpretarse como una retaliación de Estados Unidos frente a Petro”, concluyó.
“Salir de la Lista Clinton puede tardar años y exige pruebas sólidas”
Por su parte, Daniel Rodríguez explicó en La FM qué pasos debe seguir el mandatario si busca ser excluido de la Lista Clinton. “Para salir de la lista, la persona designada debe presentar ante la OFAC una petición de reconsideración, acreditando un cambio sustancial en las circunstancias que motivaron la sanción o demostrando un error material en la designación”, precisó.
El proceso, según el abogado, “exige evidencia verificable, como auditorías externas, información financiera certificada, programas de cumplimiento y documentación que pruebe la desvinculación de cualquier conducta sancionable”.
Rodríguez advirtió que este trámite no tiene un plazo legal determinado y depende de la complejidad del caso y de la valoración discrecional de la OFAC. “Los procesos pueden extenderse desde seis meses hasta varios años, y en casos de alta relevancia política pueden tardar incluso una década. Es un proceso exigente y altamente técnico”, indicó.
El abogado también señaló que la inclusión tiene efectos inmediatos a nivel financiero y diplomático, tanto fuera como dentro del país. “Las entidades financieras colombianas están obligadas a cumplir el régimen de sanciones nacionales, que incorpora la lista OFAC junto con las listas de la ONU y la Unión Europea. Aunque no genera inhabilidades automáticas, sí permite que los bancos suspendan relaciones con personas designadas para evitar incumplimientos del régimen de sanciones”, explicó.
De acuerdo con Rodríguez, la medida representa un desafío para la institucionalidad colombiana y plantea un escenario de tensión jurídica y política. “A nivel internacional, el efecto es la inmovilización de activos y la pérdida de acceso al sistema financiero estadounidense, pero en el contexto interno también implica un reto para las entidades financieras y las autoridades de control que deben garantizar el cumplimiento de las normas de prevención de lavado y financiamiento del terrorismo”, puntualizó.
Tanto Garzón como Rodríguez coincidieron en que la inclusión del presidente Petro en la Lista Clinton marca un punto crítico en la relación entre Bogotá y Washington, con implicaciones que trascienden lo político y podrían impactar la estabilidad diplomática y financiera del país.
