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Hay molestia en algunos sectores políticos del país por el decreto que emitió el presidente Iván Duque el pasado 31 de diciembre, con el cual se prorrogó la prohibición del porte de armas en todo el territorio nacional.
Esta decisión ha generado controversia dentro de colectividades como el Centro Democrático, Partido Conservador, que son de la coalición y en sectores liberales, que no están de acuerdo con esta medida argumentando que los criminales, sin pedirle permiso a nadie, sí las utilizan de forma indiscriminada contra los ciudadanos que no tienen como defenderse.
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Fuentes informaron a LA FM que algunos congresistas han recibido mensajes de empresarios, comerciantes y otros dirigentes en las regiones, bastante preocupados con la decisión del Gobierno de prorrogar esta medida tomada hace más de 5 años por Juan Manuel Santos. Incluso, algunos han amenazado con quitarle su respaldo al presidente.
Es por esto que conocimos que en el Congreso se impulsa un proyecto de ley, de autoría del representante Juan Carlos Wills, encaminado a quitarle la facultad al presidente de la República para decretar desarmes de manera general en el país.
El ponente de esta iniciativa, que ya fue aprobada en primer debate en la Comisión Segunda de la Cámara, es el representante Alejandro Carlos Chacón, quien explicó que el propósito es garantizar que la suspensión de los permisos para portar armas solo se puedan dar en circunstancias especiales o en casos específicos.
“El Gobierno por supuesto tiene la facultad de suspender las armas, pero no es sin motivo aparente, debe ser con unas características especiales como que sobrevenga un estado de excepción, que sea necesario conservar y establecer el orden público y requiere que estas suspensiones solo sea de forma excepcional”, dijo Chacón.
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Al margen de esto, el uribismo impulsará otro proyecto de ley similar a través del representante a la Cámara Christian Garcés, quien indicó que “no es conveniente el desarme generalizado en nuestro país, como se está haciendo actualmente. Queremos que el Gobierno Nacional siga con el monopolio de las armas, pero no pueda tomar medidas generalizadas, sino que deba mirar los casos específicos de manera particular”.
El congresista advirtió que alrededor de 8.000 personas, que hoy tienen derecho a tener un porte especial basado en el decreto del pasado 31 de diciembre, tienen el salvoconducto caducado y las Fuerzas Militares aún no emiten la reglamentación para renovar los documentos.
“De las 400.000 personas que tenían porte, les quedó suspendido y de las que tienen derecho al porte especial, que son 8.000, a hoy no ha salido ni siquiera el comunicado por parte de la Fuerza Pública explicando como se hace el trámite del porte especial. O sea que ningún colombiano en este momento no tiene la posibilidad de cargar un arma, incluyendo los que tienen serios problemas de seguridad en el país”, añadió.
La senadora María Fernanda Cabal también apoyará esta iniciativa en el Congreso. En una reciente columna, la legisladora indicó que este decreto del Gobierno está haciendo que muchos colombianos sigan viviendo con miedo y está haciendo que los índices de inseguridad sigan creciendo.
“Ésta debería ser una razón suficiente para retomar el debate alrededor del porte legal de armas y abrirnos a esta alternativa. Pero por desgracia, el Gobierno Nacional insiste en una normatividad que no protege a los ciudadanos”, sostuvo.
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La congresista afirma que la administración del presidente Duque, el “Gobierno que elegimos en las urnas”, está “incumpliendo sus promesas” al mantener la prohibición del porte de armas, que es una medida que proviene de la época de Juan Manuel Santos y que “en la práctica, a pesar de los denominados permisos especiales, deja a los ciudadanos a merced de la delincuencia”.
Estos proyectos de ley también le darían la posibilidad a los alcaldes y gobernadores de solicitar al Gobierno la suspensión del porte de armas de fuego, cuando exista una evidente amenaza de orden público en sus territorios.
Los congresistas afirmaron que esta propuesta también serviría para acabar la mafia que se ha creado alrededor de la entrega de los permisos especiales, por los cuales estarían cobrando sumas millonarias.
La oposición buscará la manera de hundir estos proyectos de ley, advirtiendo que el porte de armas en el país genera mucha más violencia.
