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El ministerio del Interior anunció este martes que procederá a retirar el proyecto de reforma constitucional que establecía varias medidas para combatir la corrupción, entre las que se destaca la encaminada a que los servidores públicos publiquen su declaración de renta.
La intención, de acuerdo al ministerio, es hacer modificaciones en el texto para presentarlo nuevamente ante el Congreso de la República.
(Lea: Advierten 'mico' en proyecto anticorrupción del gobierno de Iván Duque)
El retiro de la reforma y el ajuste anunciado obedece a que –según esa cartera– requiere de mayor claridad para anexarle la transcripción del punto adicionado en 2017 al artículo 122 de la Constitución Política que establece quiénes pueden contratar con el Estado y los respectivos límites.
"El proyecto no busca frenar la reinserción de los guerrilleros desmovilizados. El sentido del proyecto de acto legislativo presentado es extender la obligación de presentar copia de la declaración de renta, que tiene el servidor público, para que no sea por una vez, sino anualmente”, señaló el ministerio en un comunicación oficial.
Además, el proyecto tiene como objetivo ampliar la obligación a quienes ejerzan función pública o administren bienes o recursos públicos al inicio y al término del ejercicio de sus atribuciones y levantar la reserva de la declaración de bienes y rentas y de eliminar el carácter de información reservada; por ende no trata restringir la posibilidad de que excombatientes contraten con el Estado.
El origen de la polémica fue una advertencia lanzada por la representante Juanita Goebertus, quien alertó el posible 'mico' en el acto legislativo del Gobierno que gira en torno a la declaración de renta de funcionarios públicos.
Según ella, la reforma representaba un sustancial cambio a lo que se habilitó en la implementación del Acuerdo de Paz.
"Elimina de tajo el parágrafo de la Constitución que les abrió la puerta a los desmovilizados para reincorporarse de manera institucional (…) el Gobierno de Iván Duque estaría eliminando la reincorporación institucional de excombatientes tanto de la guerrilla como de los paramilitares, la pregunta es, si es un descuido o se trata de un mico", sostuvo.
El artículo 122 de la Constitución Política les permite a exguerrilleros de las Farc hacer funciones de desminado humanitario en el territorio colombiano, o que exparamilitares obtengan contratos con la Agencia de Reincorporación para hacer servicios de atención psicosocial, como lo hacen en la actualidad. Con la reforma promovida inicialmente y la exclusión del citado punto, se pasaba a limitar esa posibilidad de contratar con el Estado.
