Promueven ley para castigar con cárcel alquiler de vientre en Colombia

En las últimas horas en el Congreso de la República se radicó un proyecto de ley estatutaria que pretende prohibir la maternidad subrogada cuando se hace por dinero.

La iniciativa, presentada por los senadores del Centro Democrático María del Rosario Guerra y Santiago Valencia, busca castigar con seis a ocho años de cárcel a quienes promuevan o participen en alquiler de vientres con fines lucrativos. Además, se impondría una multa de 50 a 100 salarios mínimos vigentes.

Sin embargo, el proyecto de ley también pretende regularla para parejas que presenten una incapacidad biológica certificada para concebir.

Al respecto, el proyecto dice que el Ministerio de Salud “reglamentará la maternidad subrogada sin fines de lucro; considerando las obligaciones de la madre gestante y de los solicitantes, y teniendo en cuenta los parámetros establecidos por la jurisprudencia de la Corte Constitucional”.

No es la primera vez que los congresistas presentan este proyecto de ley. El año pasado la iniciativa también fue propuesta por la senadora uribista sin éxito alguno.

El alquiler de vientre en Colombia es una práctica relativamente económica frente al mercado en otros países. Según ofertas clasificadas, el precio de prestar el vientre en el país oscila entre 4.000 y 10.000 dólares, es decir, 93.3% más económico que en Estados Unidos, dice la exposición de motivos del proyecto de ley.

Asimismo, a nivel internacional países como Alemania tienen prohibida esta práctica debido a que es vista como comercio de personas. Inclusive, Francia prohíbe a sus ciudadanos viajar a otras jurisdicciones para realizar este tipo de procedimientos. De la misma forma, en España esto ya está prohibido bajo la ley 14 de 2006, en la que la maternidad subrogada se entiende como una explotación de la mujer con fines reproductivos, añaden los senadores en la explicación de su iniciativa.

En países como India no hay restricción alguna sobre el alquiler de vientres con fines lucrativos. Y a nivel suramericano, Perú y Argentina no tienen leyes que prohíban el desarrollo de esta práctica.