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Dentro del documento, el jefe del Ministerio Público señala que está ajustada a la Constitución, la norma que establece la participación de tres voceros en la Cámara de Representantes, y otros tres en el Senado de la República, en donde tendrán voz pero no voto.
“La disposición no entrega derechos políticos a quienes los tienen suspendidos, ya que la norma es suficientemente diáfana en afirmar que la agrupación política que designe a los voceros, y los voceros mismos, deberán gozar de sus plenos derechos civiles en ejercicio”, señala el concepto de la Procuraduría.
La Ley analizada es la 1830 de 2017 que fue tramitada dentro del denominado 'Fast Track', en la que se creó un artículo transitorio en el reglamento del Congreso, que advierte que estos representantes de las Farc serán convocados a todas las sesiones en que se discutan tales proyectos.
Para el procurador Carrillo, la norma analizada es una medida legítima que busca ofrecer una interlocución y no una entrega de derechos políticos de quienes son representantes de las Farc tras la firma de la paz.
De igual forma, la propuesta advirtió que el presidente de la Mesa de Participación Efectiva de las Víctimas sea llamado a participar en estos debates parlamentarios, como vocero de las víctimas del conflicto, con el objetivo de materializar los deberes de la democracia y una medida de Justicia Transicional como se ha establecido dentro de los acuerdos de paz firmados entre el Gobierno y las Farc.
