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El presidente Gustavo Petro intensificó este jueves sus críticas contra el grupo Keralty, operador de la EPS Sanitas, luego de que la compañía divulgara una carta en la que defendió su gestión en el sistema de salud.
El su misiva, Keralty aseguró que, pese a los ataques públicos, varios de sus detractores buscan servicios de manera privada para familiares, amigos e incluso para ellos mismos.
En reacción a esa comunicación, el mandatario recurrió nuevamente a su cuenta de X para sostener que existen hechos que, según él, muestran la interferencia de la compañía extranjera en la política colombiana.
Petro insistió en que se habrían realizado aportes irregulares a campañas y mencionó directamente el caso del exsuperintendente de Salud Fabio Aristizábal, en el gobierno del presidente Iván Duque.
“La empresa Keralty, Sanitas, donó 50 millones de pesos a la campaña de Fabio Aristizábal, quien después se convirtió en superintendente de Salud de Duque. Está prohibido que extranjeros donen a campañas políticas. Para mí ha sido un principio permanente, no solo porque está prohibido por nuestra Constitución, sino porque es venderse a intereses extranjeros”, escribió Petro.
El jefe del Estado citó una publicación del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, quien en junio de 2020, cuando era senador, radicó ante la Procuraduría una queja disciplinaria contra Aristizábal por presunto conflicto de intereses.
En ese entonces, Sanguino cuestionó que el funcionario no se hubiera declarado impedido en actuaciones relacionadas con la EPS Sanitas, pese a que su campaña recibió recursos de personas vinculadas al sector.
Petro sostuvo que este caso, que ha vuelto al debate público, es una muestra de lo que él denomina “captura privada del sistema de salud”.
Afirmó que los hechos deben ser revisados por las autoridades competentes y reiteró que su Gobierno está comprometido con desmontar lo que considera prácticas indebidas de actores privados dentro del sistema.
Keralty, por su parte, ha señalado que siempre ha actuado bajo la ley y que su misión ha sido garantizar la atención de los usuarios del régimen contributivo y subsidiado.
