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La Procuraduría General de la nación abrió investigación disciplinaria contra el registrador Nacional Alexander Vega por las presuntas irregularidades que se cometieron en el proceso electoral del pasado 13 de marzo cuando se escogió el congreso de la República.
Las investigaciones disciplinarias se centran en determinar si Vega habría incurrido en una posible extralimitación de funciones “al exigir identificación biométrica de los votantes”, y posibles irregularidades sobre un conflicto de intereses en la contratación de la empresa Indra Sistemas, encargada de ese proceso electoral.
La Procuraduría también investiga una posible omisión de las funciones de Vega sobre el funcionamiento, transparencia, y falta de capacitación a los jurados de votación.
“Omisión en sus funciones en relación con la toma de decisiones tendientes a evitar irregularidades y hacer la debida vigilancia y control en el preconteo de las votaciones, en atención a sus deberes funcionales. Incumplimiento de sus funciones por deficiencias, falencias u omisión en la capacitación de los jurados de votación”, dice la Procuraduría.
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Las investigaciones de la Procuraduría también van encaminadas a determinar si algunos funcionarios de la Registraduría estarían implicados en las presuntas irregularidades sobre “la administración de las plataformas de software usadas, y en general, en los procesos de inscripción de cédulas”.
Sobre las irregularidades que se habrían presentado en el proceso de elección del pasado 13 de marzo, la Procuraduría ha recibido y analizado más de 400 quejas y denuncias de las cuales determinó iniciar 33 actuaciones disciplinarias.
Esas actuaciones son por “presuntas irregularidades de los jurados de votación, errores en inscripción de cédula, compra de votos, constreñimiento al elector y anomalías en los puestos de votación, entre otros”.
En medio de las investigaciones disciplinarias, la Procuraduría le exigió al registrador Alexander Vega que en el término de cinco días, presente a la Procuraduría el plan que tiene listo para las elecciones presidenciales con el fin de evitar las presuntas irregularidades que se habrían cometido en las elecciones legislativas.
“Que permita, de forma preventiva, eliminar o mitigar los riesgos o hechos como los que se presentaron el pasado 13 de marzo. La ciudadanía en general y los candidatos en particular, se encuentran no solo expectantes, sino que demandan de todas las entidades del Estado, control y trabajo articulado que brinde plenas garantías frente a la debida transparencia del certamen electoral”, puntualizó la procuradora Margarita Cabello.
